Blog

El diputado presentó la iniciativa relativa a la promoción de programas de orientación alimentaria para prevención de la obesidad

Morelia, Michoacán, 20 de mayo 2026.- El diputado por Movimiento Ciudadano, Toño Carreño Sosa, celebró las reformas a la Ley de Educación en el Estado, por ser en beneficio de la salud de las niñas y los niños de la entidad.

Se trata, dijo en tribuna, mucho más que una reforma legal, al representar una apuesta decidida por el bienestar integral de nuestras niñas, niños y adolescentes; una visión moderna de la educación que entiende que aprender también implica alimentarse bien, cuidar la salud, prevenir enfermedades y construir hábitos de vida saludables desde las aulas.

Esta iniciativa, abundó, surgió de la obligación pendiente que el Estado de Michoacán mantiene frente al marco jurídico nacional derivado de la Ley General de la alimentación adecuada y sostenible promulgada el 17 de marzo de 2004 por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. En particular, el artículo Quinto Transitorio de dicha legislación mandató a las entidades federativas a regular y desarrollar el ejercicio del derecho humano a una alimentación adecuada, nutritiva y sostenible.

El legislador recordó que en su momento él presentó la iniciativa relativa a la promoción de programas de orientación alimentaria para la prevención de la obesidad. Previo a la votación que se dio por unanimidad, destacó que se coloca al centro de las políticas públicas a las y los estudiantes michoacanos.

Toño Carreño fue enfático La educación y la salud no pueden caminar separadas y es que un niño con problemas de nutrición difícilmente podrá desarrollar plenamente sus capacidades. Con deficiencias visuales no detectadas enfrentará barreras injustas para aprender, leer, participar y crecer en igualdad de condiciones.

Con la aprobación de las reformas a los artículos 64 y 119 de la Ley de Educación, añadió, se fortalece la obligación institucional de promover programas de orientación alimentaria, consumo responsable, prevención de la obesidad y salud visual. Y lo hacen desde una perspectiva preventiva, comunitaria y profundamente humana.

Actualmente en Michoacán, miles de familias viven entre dos extremos igualmente preocupantes: la desnutrición y el sobrepeso infantil. Al mismo tiempo, muchos estudiantes presentan problemas visuales que afectan directamente su desempeño escolar y que, en numerosas ocasiones, pasan desapercibidos por falta de acceso a revisiones médicas oportunas. “Frente a esa realidad, este Congreso responde con responsabilidad”.

Finalmente, Toño Carreño enfatizó que esta reforma es una herramienta concreta para prevenir enfermedades, combatir el rezago educativo y construir mejores condiciones de vida para las futuras generaciones.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo de 2026.- La diputada Jackie Avilés del Distrito 03 de Maravatio, dejó claro su compromiso con el deporte y presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa para reconocer, prevenir y erradicar la violencia en el deporte en Michoacán.

La propuesta busca incorporar a la Ley de Cultura Física y Deporte del Estado el concepto de violencia en el deporte y establecer mecanismos claros para su prevención y atención, incluyendo conductas como el acoso, hostigamiento, discriminación, racismo y cualquier otra forma de violencia que afecte a deportistas, entrenadores, árbitros, familias y asistentes.

“Las canchas y espacios deportivos deben ser lugares donde se formen valores, se construyan sueños y se fortalezca la convivencia, nunca espacios donde la violencia tenga cabida”, expresó la legisladora.

Con esta acción legislativa, la diputada demuestra su compromiso de impulsar iniciativas que garanticen espacios pacíficos y seguros para todas y todos los michoacanos.

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- Con la finalidad de reducir los accidentes en carreteras mediante la modernización de la infraestructura y el control preventivo, el Congreso del Estado por unanimidad aprobó un Punto de Acuerdo que será enviado a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

La Comisión de Puntos Constitucionales puso a consideración de las y los legisladores la propuesta de Acuerdo mediante el cual se envía al Congreso de la Unión, Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se adicionan los artículos 23 Bis y 70 Ter a la Ley de Caminos, Puentes y Autotransporte Federal, presentada por la Diputada Emma Rivera Camacho.

Cuyo objetivo es “ofrecer una solución integral que trasciende la simple vigilancia, transformando la seguridad vial en una política de Estado con soporte financiero y operativo. Al articular mecanismos de fiscalización técnica, protección patrimonial del usuario y garantías presupuestarias, la iniciativa se consolida como un instrumento jurídico que dota a la Federación de herramientas eficaces para reducir la mortalidad en carreteras”, precisa el Punto de Acuerdo.

De igual forma, establece la obligación de realizar auditorías técnicas en zonas peligrosas, construir rampas de frenado cuando haya alta siniestralidad y crear zonas de detención gratuita para revisar las condiciones mecánicas de los vehículos de carga.

Además, fija topes económicos estrictos a los servicios de grúa y salvamento para evitar cobros excesivos tras un incidente, garantizando presupuesto específico para estas obras de seguridad.

Conforme a la propuesta, el Artículo 23 Bis establece que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes realizará una auditoría técnica anual obligatoria en los tramos carreteros identificados con alta siniestralidad.

Y que cuando un tramo acumule tres accidentes graves en un periodo de doce meses, se procederá a la construcción inmediata de una rampa de frenado adicional o al rediseño de la infraestructura crítica.

En el Artículo 70 Ter se propone que en los tramos de pendiente pronunciada o de riesgo técnico, dicha Secretaría establecerá paraderos o zonas de detención obligatoria para vehículos de autotransporte de carga.

Los conductores deberán detenerse en dichos puntos para realizar la verificación de las condiciones físico-mecánicas de la unidad, de conformidad con el reglamento respectivo y las normas oficiales mexicanas.

“Las zonas de detención deberán estar equipadas con la infraestructura, herramientas básicas y personal técnico necesario para brindar apoyo necesario y de asistencia mecánica de emergencia. El acceso a estos servicios será gratuito para todos los usuarios, quedando estrictamente prohibido cualquier cobro por concepto de estancia o asistencia técnica básica en estos puntos”, se precisa.

Dichas zonas tendrán un carácter inclusivo, permitiendo el ingreso y uso de sus instalaciones a los automovilistas en general que transiten por la vía y requieran realizar una pausa de seguridad o verificar las condiciones de su vehículo ante pendientes prolongadas.

Presenta GPPT iniciativa para fortalecer la democracia, la austeridad y la igualdad sustantiva en Michoacán

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso del Estado presentó una iniciativa de reforma constitucional orientada a fortalecer la democracia, combatir el nepotismo electoral, garantizar la igualdad sustantiva y consolidar principios de austeridad y racionalidad en el ejercicio del poder público en Michoacán.

La propuesta legislativa, presentada por las y los diputados Diana Mariel Espinoza Mercado, J. Reyes Galindo Pedraza, Hugo Ernesto Rangel Vargas, Baltazar Gaona García y Vicente Gómez Núñez, contempla reformas a diversos artículos de la Constitución Política del Estado, con el objetivo de impedir que los cargos públicos sean utilizados como mecanismos de continuidad familiar o concentración de poder político.

La diputada Diana Mariel Espinoza Mercado señaló que esta iniciativa responde a una exigencia social legítima de fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y garantizar procesos electorales más equitativos y transparentes. “La democracia no puede construirse sobre privilegios familiares ni sobre estructuras cerradas de poder; el servicio público pertenece al pueblo y no a grupos que pretendan perpetuarse en los espacios de representación”, expresó.

Asimismo, destacó que la propuesta busca armonizar el marco jurídico estatal con la reciente reforma constitucional federal en materia de nepotismo electoral y fortalecer principios como la paridad de género, la igualdad sustantiva y la participación democrática real. “Queremos abrir mayores oportunidades para nuevos liderazgos sociales, mujeres, jóvenes y ciudadanía comprometida con transformar Michoacán desde la honestidad y la capacidad”, puntualizó la legisladora petista.

Entre los puntos relevantes de la iniciativa destacan las restricciones para que familiares directos de quienes ocupen diputaciones, presidencias municipales, sindicaturas o regidurías puedan contender de manera inmediata por esos mismos cargos; además de establecer límites al presupuesto del Poder Legislativo, reforzar criterios de austeridad republicana y prohibir prestaciones excesivas o discrecionales para funcionarios de organismos electorales y administrativos.

La y los diputados del PT señalaron que esta propuesta busca responder a una demanda ciudadana cada vez más presente: contar con instituciones más transparentes, procesos electorales más equitativos y un ejercicio del poder público más cercano a la gente.

Morelia,Michoacán, 20 de mayo de 2026.- A través de una adición al artículo 106 Bis a la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de Michoacán, el coordinador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo en el Congreso local, Reyes Galindo Pedraza, planteó una iniciativa que tiene como propósito prohibir a los elementos de las instituciones de la policía estatal, la utilización de herramientas que atenten contra la integridad física de manifestantes durante protestas que se lleven a cabo de manera pacífica.

Durante la sesión ordinaria de este miércoles, el líder de la bancada del PT expuso que el objetivo de este planteamiento es prohibir que policías del estado, utilicen balas de goma, aparatos de electrochoques o cualquier gas nocivo. Por lo que las actuaciones de los elementos de las corporaciones policiales de Michoacán y de cada municipio, deberán satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

“El pacto internacional de derechos civiles y políticos, establece el derecho a la reunión pacífica como un instrumento que permite a las personas expresarse colectivamente y participar en la configuración y reconfiguración de sus sociedades; las personas tienen el derecho humano a la manifestación de ideas de manera libre, esto incluye protestas para demandar condiciones de incumplimiento de derechos civiles, políticos, económicos, sociales y culturales”, argumento el legislador del Partido del Trabajo.

Al exponer los motivos de su iniciativa, Reyes Galindo, refirió que de acuerdo con el Comité de Derechos Humanos de la ONU, el enfoque básico de los agentes de seguridad, debería ser facilitar las reuniones pacíficas, por lo que es necesario que los elementos de las corporaciones policiales nacionales y subnacionales tengan cero grado de tolerancia, incluso respecto a determinados comportamientos, para evitar una escalada innecesaria de tensiones, pues el deber es diminuir dichas acciones y proteger activamente frente a la violencia, a los propios manifestantes y a terceras personas.

“Michoacán, se caracteriza a nivel nacional por el alto grado de politización de su población, esto significa que por un lado las y los ciudadanos de nuestra entidad están dispuestos a dialogar y participar de manera propositva con todos los órdenes de gobierno, con el fin de dar solución a los problemas de la vida pública del estado; sin embargo, también se encuentran listos y dispuestos para hacer frente a las acciones y omisiones gubernamentales que vulneren sus derechos individuales y colectivos por medio de las protestas, marchas y manifestaciones públicas”, agregó el congresista.

Asimismo, recordó que a lo largo de la historia política de nuestro estado, el ciclo de represión a las personas que se manifiestan, inician con la falta de sensibilidad de funcionarios públicos, que niegan el derecho de audiencia a personas o colectivos que intentan encontrar una solución a un problema público, que genera sucesivas acciones que escalan en tensiones y en complejidades para llevar a cabo un proceso de diálogo político.

“Garantizar la libre manifestación no es por ningún motivo una concesión del estado, es el corazón latente de nuestra democracia. Quienes participamos de las izquierdas en este país y en este estado, entendemos perfectamente que las calles han sido, son y serán las aulas de la dignidad popular; no podemos permitir que el miedo tape la boca de las causas justas, ni que la respuesta a una demanda que sea ciudadana, sea el estruendo de una bala de goma, la descarga de un aparato de electrochoque o el olor sofocante de los gases nocivos”, señaló.

Y agregó: “las policías deben ser escudo, pero nunca verdugo, deben regirse por la legalidad, la absoluta necesidad y la estricta proporcionalidad, la fuerza de las ideas jamás deben ser sometida por la fuerza de las armas. Como bien decía Salvador Allende: la historia es nuestra y la hacen los pueblos, y los pueblos no hacen la historia en el silencio de la sumisión, sino alzando la voz con libertad y sin miedo a ser reprimidos”.

Por último hizo, Reyes Galindo hizo un llamado a los congresistas para que nunca más el derecho a disentir se pague con violencia o con sangre, “legislemos para que la dignidad vuelva a ser costumbre en Michoacán y por el derecho inviolable a protestar en paz presentamos esta iniciativa esperando el respaldo a favor de esta reforma”, concluyó.

La diputada local por el Distrito 05 de Paracho propuso crear Regiones de Atención Prioritaria para que recursos, créditos y asesoría técnica lleguen a comunidades con alta presencia de mujeres artesanas

Morelia, Michoacán a 20 de mayo de 2026.— Con el objetivo de reconocer y atender la desigualdad que enfrentan las mujeres indígenas artesanas, la diputada local Eréndira Isauro Hernández, representante del Distrito 05 de Paracho, presentó ante el Pleno del Congreso de Michoacán una iniciativa de reforma a la Ley de Fomento y Desarrollo Artesanal del Estado.

La propuesta plantea reformar el artículo 19 de dicha legislación, a fin de que la Casa de las Artesanías de Michoacán declare Regiones de Atención Prioritaria, dirigidas especialmente a comunidades con alta presencia de mujeres indígenas artesanas, para garantizar que los apoyos, microcréditos, asesoría técnica y recursos públicos lleguen de manera directa a quienes sostienen esta actividad desde los talleres familiares.

Desde tribuna, la legisladora destacó que Michoacán presume ante México y el mundo la riqueza de sus guitarras, rebozos, maque, cobre, barro y demás expresiones artesanales; sin embargo, advirtió que detrás de esa belleza persisten condiciones de marginación, desigualdad, intermediarismo y falta de acceso a financiamiento para las mujeres creadoras.

“Michoacán presume al mundo sus colores. Presumimos en ferias nacionales e internacionales nuestras guitarras, nuestros rebozos, el maque, el cobre y el barro. Nos llena de orgullo decir que somos el alma de México. Pero hoy les pregunto: ¿cómo tratamos a las manos que crean esa alma?”, expresó.

Eréndira Isauro señaló que las mujeres artesanas purépechas, nahuas, mazahuas y otomíes trabajan de sol a sol, combinando el cuidado del hogar con la elaboración de piezas que representan la identidad cultural del estado, pero muchas veces reciben pagos injustos, enfrentan a intermediarios y se encuentran con reglas institucionales que no comprenden su lengua, su contexto ni sus condiciones reales.

La diputada por Paracho subrayó que la iniciativa no busca otorgar apoyos asistencialistas, sino establecer un mecanismo legal para hacer justicia económica y distributiva a las comunidades originarias, particularmente a las mujeres que han preservado durante generaciones los saberes artesanales de Michoacán.

“No estamos pidiendo caridad ni dádivas. Estamos exigiendo justicia distributiva. Al aprobar esta reforma, garantizaremos que los recursos del Estado, los microcréditos y los apoyos no se queden solo en los intermediarios o en los talleres liderados por hombres en las grandes cabeceras”, sostuvo.

La reforma también busca armonizar la legislación estatal con disposiciones federales que ya contemplan la definición de zonas prioritarias para otorgar estímulos mayores a comunidades indígenas, por lo que Michoacán, dijo la legisladora, no puede quedarse atrás en la protección de su patrimonio vivo.

Isauro Hernández afirmó que proteger la artesanía no significa únicamente preservar objetos, sino defender a las personas que les dan vida, especialmente a las mujeres que, desde sus comunidades, sostienen la economía familiar, transmiten conocimientos, fortalecen la identidad cultural y enfrentan condiciones de vulnerabilidad.

“Proteger la artesanía no es proteger a un objeto; es proteger a la persona que le da vida. Ayudar a una mujer artesana indígena es evitar que tenga que migrar; es asegurar que sus hijos estudien; es garantizar que nuestra cultura, nuestra lengua y nuestra identidad no mueran”, enfatizó.

Finalmente, la diputada local llamó a las distintas fuerzas políticas del Congreso de Michoacán a respaldar esta iniciativa, al señalar que apoyar a las mujeres artesanas de Paracho, la Meseta Purépecha y las comunidades originarias del estado es una forma de garantizar justicia, dignidad y presupuesto para quienes sostienen la identidad cultural de Michoacán.

Morelia, Michoacán; 20 de mayo de 2026.- El incluir el concepto de Alfabetización Mediática e Informacional en la normativa educativa, fue la propuesta de iniciativa que presentó el diputado por el Distrito XIX con sede en Tacámbaro Vicente Gómez Núñez.

Lo anterior con la finalidad de que el alumnado pueda acceder, buscar, analizar y seleccionar la información que hay en la red con el conocimiento necesario para evaluar y verificar la veracidad y calidad de la misma.

En su exposición en tribuna, ante sus homólogos de la LXXVI legislatura del Congreso de Michoacán, expresó que la vorágine de información en la que está inmersa la ciudadanía, hace necesario, que desde las aulas, se eduque a los estudiantes sobre los riesgos que conlleva esta dinámica, de manera que se les enseñe a identificar los peligros del entorno virtual, a reconocer noticias falsas y a proteger los datos personales.

Dijo que la iniciativa contempla reformar y adicionar diversas disposiciones a la Ley de Educación del Estado de Michoacán y a la Ley Estatal de Educación en el Nivel Medio Superior y la Formación para el Trabajo del Estado.

Señaló que esta propuesta coadyuvará a formar ciudadanas y ciudadanos críticos, informados y capaces de enfrentar los desafíos del mundo virtual de la actualidad.

El diputado del Partido del Trabajo presentó una iniciativa para exentar de cargas fiscales a herramientas digitales utilizadas por taxistas concesionados, fortalecer la competitividad del gremio y promover el desarrollo tecnológico local.

Morelia, Michoacán a 20 de mayo del 2026. – El diputado local del Partido del Trabajo, Hugo Rangel presentó ante el Pleno del Congreso del Estado una iniciativa de reforma a la Ley de Movilidad y Seguridad Vial de Michoacán, con el objetivo de garantizar condiciones de modernización tecnológica y competitividad para las y los concesionarios del servicio público de taxi. La propuesta plantea reconocer jurídicamente las aplicaciones digitales utilizadas por taxistas como mecanismos auxiliares de modernización del servicio público y no como plataformas independientes de intermediación tecnológica.

Durante la presentación de la iniciativa, el legislador petista advirtió que actualmente existe una competencia profundamente asimétrica entre el transporte concesionado local y los corporativos transnacionales de plataformas digitales, los cuales concentran ganancias mediante esquemas extractivos que afectan directamente a las economías regionales. “Hoy, la disyuntiva es simple: o seguimos permitiendo una competencia desigual donde empresas transnacionales extraen un porcentaje considerable de la riqueza que generan nuestros transportistas, o utilizamos la política fiscal como un instrumento para nivelar la cancha, estimular el desarrollo y proteger la economía michoacana”, expresó Hugo Rangel desde tribuna.

La iniciativa propone reformar diversos artículos de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado, estableciendo criterios de proporcionalidad y diferenciación regulatoria para las herramientas tecnológicas implementadas por concesionarios del servicio público. Con ello, se busca evitar una doble carga tributaria para el gremio taxista y facilitar su incorporación a la economía digital sin imponer costos desproporcionados que inhiban su modernización. “Si gravamos la innovación, obtenemos rezago. Si permitimos la extracción sin control, empobrecemos nuestro mercado interno”, sostuvo el diputado petista.

Finalmente, el legislador señaló que la propuesta también busca impulsar la soberanía tecnológica y el desarrollo regional mediante el fortalecimiento de plataformas locales con identidad michoacana, permitiendo que el valor generado por el transporte público permanezca en las comunidades del estado. “Devolvamos la competitividad a nuestra gente y garanticemos que la riqueza de Michoacán se quede en Michoacán; es momento de hacer que lo bueno suceda”, concluyó Hugo Rangel.

En Michoacán, por ley ponen freno a abusos en escuelas

Morelia Michoacán a 20 de mayo de 2026.- En Michoacán queda prohibido que escuelas obliguen o presionen a madres y padres de familia para comprar uniformes, útiles o materiales con proveedores específicos, luego de que el Congreso del Estado aprobara este día la reforma a la Ley de Educación impulsada por la coordinadora del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano en la LXXVI Legislatura Local, Grecia Aguilar Mercado.

Durante la discusión del dictamen elaborado por la Comisión de Educación, la legisladora sostuvo que “una educación verdaderamente incluyente no puede construirse sobre imposiciones económicas”, al advertir que miles de familias michoacanas enfrentan cada ciclo escolar gastos excesivos derivados de prácticas que durante años se normalizaron en algunos centros educativos.

Grecia Aguilar señaló que muchas de las llamadas recomendaciones terminan convirtiéndose en presión para madres y padres de familia, quienes llegan a sentir temor de que sus hijas e hijos puedan ser señalados o excluidos si no adquieren productos en determinados establecimientos.

Asimismo, destacó que la reforma establece con claridad que ninguna institución educativa podrá inducir, limitar o condicionar la libre elección de las familias mediante listas exclusivas, convenios o recomendaciones obligatorias con proveedores determinados, fortaleciendo así principios de equidad, justicia y respeto a la economía familiar.

La coordinadora parlamentaria de Movimiento Ciudadano precisó que esta modificación legal no busca afectar la organización escolar ni desacreditar el trabajo de docentes y directivos, sino proteger a las familias de cargas económicas indebidas, especialmente a quienes tienen ingresos limitados o varios hijos estudiando.

“Porque cuando protegemos a las madres y padres de familia, también estamos protegiendo el futuro de nuestras niñas, niños y jóvenes”, expresó la diputada al fijar su postura a favor del dictamen.

Finalmente, Grecia Aguilar reiteró que su voto fue a favor de defender la economía de los hogares michoacanos, garantizar la libre elección de madres y padres de familia y fortalecer una educación que permanezca como un derecho y no como una carga condicionada por intereses económicos. Además de agradecer el respaldo a las y los integrantes de la LXXVI Legislatura Local a la iniciativa que presentó y hoy es una realidad en Michoacán.

Esta iniciativa fue elaborada con propuestas de las y los parlamentarios que participaron en el primer Parlamento con Discapacidad del Estado de Michoacán.

La reforma integral modifica de manera coordinada cuatro leyes locales para garantizar inclusión real, intérpretes de LSM, atención al autismo, salud sexual sin estigmas y protección a cuidadoras primarias.

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo del 2026.- La diputada local Nalleli Pedraza, presentó ante Servicios Parlamentarios una iniciativa histórica para dignificar el sistema de salud pública y privada para las personas con discapacidad en Michoacán, proyecto es el resultado directo de un valioso ejercicio democrático, construido con las propuestas fundamentales de las y los parlamentarios que alzaron la voz en el primer Parlamento con Discapacidad del Estado de Michoacán.

La propuesta legislativa global plantea una reforma integral y coordinada que modifica simultáneamente la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, la Ley de Salud del Estado, la Ley de Asistencia Social y la Ley para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia, articulando soluciones transversales en cinco ejes prioritarios.

En materia de garantía y autonomía lingüística, se establece la obligatoriedad de contar con intérpretes de Lengua de Señas Mexicana (LSM) de forma presencial o remota en hospitales públicos. Asimismo, para salvaguardar el derecho a la privacidad y la validez legal del Consentimiento Informado en cirugías o tratamientos invasivos para pacientes sordos, se exigirá por ley explicarles los riesgos en su lengua natural y conservar un registro en video del acto.

En lo que refiere a la salud sexual inclusiva e interseccionalidad, la legisladora mencionó que se plantea dar atención a las demandas del Colectivo Sordo LGBT de Michoacán, al tipificar formalmente la “discriminación interseccional” y se crea el Programa Estatal de Salud Sexual Accesible para Personas Sordas, con materiales informativos adaptados a la LSM y consultas de planificación familiar libres de estigmas.

Nalleli Pedraza, comentó que otro de los ejes de esta iniciativa es la justicia social para cuidadoras primarias, donde se introduce formalmente la definición del “Síndrome del Cuidador” y se reconoce a las cuidadoras primarias, como sujetos de atención prioritaria, otorgándoles derecho a servicios gratuitos de salud mental, apoyos económicos mensuales de subsistencia y centros de descanso temporal para el relevo de cuidados.

Además, esta iniciativa impulsa el dar certeza diagnóstica contra la discrecionalidad, con el fin de eliminar cuellos de botella administrativos, y obligar a la Secretaría de Salud a homologar los criterios clínicos de validación y reconocer plenamente los dictámenes de especialistas externos certificados, facilitando un acceso ágil y sin trabas a la Credencial Nacional para Personas con Discapacidad, especialmente para condiciones del neurodesarrollo y el espectro autista.

La morenista comentó que la humanización hospitalaria y acompañamiento neonatal se contempla en dicha reforma que prohíbe el aislamiento forzado garantizando el acompañamiento familiar permanente de 24 horas para internos con discapacidad. Además, de fijar un plazo de 24 meses para hacer accesible la infraestructura médica de diagnóstico y mandata la aplicación obligatoria del “Protocolo Neonatal de Primera Noticia” para comunicar diagnósticos de forma empática y vincular de inmediato al recién nacido a rutas de estimulación temprana.

Finalmente, Nalleli Pedraza reiteró que la salud y la dignidad humana no pueden seguir dependiendo de la “buena voluntad” o la caridad de los gobiernos, ya que afirmó que “la inclusión real es un mandato obligatorio. Seguiremos recorriendo el territorio, escuchando de frente y legislando con paso firme para que el bienestar sea un derecho accesible para cada rincón de Michoacán”, concluyó.

Es de señalar que esta propuesta fue construida de la mano con los parlamentarios Alberto Zúñiga López, Luis Antonio Flores Ramírez y las parlamentarias Daniela Ayala y Gemma Méndez Delgado.

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- En sesión extraordinaria, el Pleno de la 76 Legislatura aprobó la propuesta impulsada por la diputada Belinda Hurtado Marín, mediante la cual se fortalece los mecanismos de supervisión y seguimiento en materia de higiene dentro de los planteles educativos.

Es así, que con la reforma a fracción XV del artículo 163 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán, para incorporar como atribución de la autoridad educativa estatal la supervisión de las condiciones de higiene en los planteles educativos ubicados en el estado.

Las y los integrantes de la Comisión de Educación destacaron en el dictamen avalado con 31 votos, que dicha reforma tiene el objetivo de garantizar que las condiciones sanitarias se mantengan de manera permanente y conforme a los estándares establecidos por la autoridad competente.

“La revisión constante de la higiene en los planteles por parte de la autoridad educativa, prevendrá enfermedades y asegurará a los educandos un medio ambiente sano, en condiciones que permitan su desarrollo, bienestar, crecimiento saludable y armonioso, tanto físico como mental, material, ético, cultural y social”, precisa el documento aprobado.

Las y los diputados subrayaron que la adecuada vigilancia de estos aspectos contribuye manera directa en el aprovechamiento académico de las y los estudiantes, al propiciar entornos seguros, dignos y favorables para el aprendizaje.

“Asegurar espacios educativos en condiciones óptimas de higiene representa una acción integral que trasciende el ámbito físico, al fomentar hábitos de limpieza, autocuidado y responsabilidad colectiva entre las y los educandos, fortaleciendo así su formación integral”, concluye la motivación de la reforma.

Morelia, Michoacán, 20 de mayo de 2026.- El Pleno de la Septuagésima Sexta Legislatura reformó la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo para garantizar que las escuelas no condicionen la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como la contratación de actividades extraescolares.

Las y los diputados votaron a favor del Dictamen presentado por la Comisión de Educación, luego del estudio de la iniciativa presentada Grecia Jennifer Aguilar Mercado, mediante la cual se prohíben prácticas que “aunque en ocasiones se presentan como acuerdos organizativos o medidas administrativas, en los hechos se traducen en una imposición que limita la libertad de elección y encarece de manera injustificada el costo de la educación”.

Con la reforma a la fracción XXIV del artículo 226 de la Ley de Educación del Estado de Michoacán de Ocampo, se estableció que condicionar la prestación del servicio público de educación a la adquisición de uniformes, útiles escolares o materiales educativos, así como a la contratación de actividades extraescolares.

De igual forma, obligar, inducir o presionar a las madres, padres de familia o tutores para adquirirlos o contratarlas en proveedores, marcas, establecimientos o distribuidores determinados, ya sea de manera directa o indirecta, incluyendo la imposición de listas exclusivas, convenios, recomendaciones obligatorias o cualquier otro mecanismo que limite la libre elección, o que genere beneficios económicos indebidos a favor de personas físicas o morales vinculadas con la comunidad escolar.

En las Consideraciones del Dictamen, la Comisión de Educación resaltó la importancia de garantizar condiciones de equidad y respeto a la economía familiar dentro del ámbito educativo, advirtiendo la necesidad de evitar prácticas mediante las cuales las autoridades de las instituciones educativas impongan, de manera obligatoria, proveedores específicos para la adquisición de útiles escolares, uniformes o materiales didácticos.

“Este tipo de prácticas limita la capacidad de decisión de madres, padres de familia y tutores, al restringirles la posibilidad de elegir libremente las opciones que mejor se ajusten a sus necesidades y condiciones económicas. En consecuencia, dichas imposiciones pueden traducirse en una carga financiera adicional e injustificada, afectando directamente la economía de las madres y/o de los padres de familia y contraviniendo principios de accesibilidad y equidad en la educación”, precisaron.

Con la reforma, se busca proteger el derecho de las familias a decidir libremente sobre la adquisición de los insumos escolares, promover condiciones de transparencia y legalidad en la prestación de servicios educativos, y prevenir posibles conflictos de interés o prácticas que vulneren la economía familiar, contribuyendo así a un entorno educativo más justo e incluyente.

La violencia digital es una realidad y es necesario avanzar para su prevención y erradicación

Convoca a legislar en la conformación de nuevas medidas de protección para  evitar más víctimas

Morelia, Michoacán, a 20 de mayo de 2026.-Para avanzar hacia la prevención y erradicación de la violencia digital, la diputada local Brissa Arroyo Martínez, planteó la implementación de órdenes de protección digitales.

La  Congresista, -integrante de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la 76 Legislatura-, argumentó que la violencia digital en razón de género puede llegar a sufrirse y sentirse igual que cualquier otro tipo de violencia, porque al final de cuentas se trata de un acto que atenta contra la integridad de las víctimas, que, como bien sabemos, son principalmente mujeres.

Desafortunadamente, es otra forma de decirle a una mujer que hay más de un camino para violentar sus derechos, su paz, su integridad y su salud mental.

Porque, -dijo-, no se trata únicamente de mensajes que llegan de madrugada, sino de una alerta que interrumpe su descanso y que la mantiene despierta, pensando en que alguien está cuidando sus noches, y que, contrario a ella, no duerme porque busca la manera de decirle “sigo aquí”.

Brissa Arroyo explicó que cuando una restricción legal impide que el agresor se acerque a menos de 500 metros de distancia de una víctima, un celular se convierte en la herramienta perfecta para continuar con los ataques, no hay necesidad de que salgan de casa, no importa a que distancia se encuentren, ni la hora, incluso si afuera del hogar de ella hay  policías custodiando, es como si continuara a su lado, pero sin ser visto.

Hoy, el agresor no necesita dar físicamente un golpe para hacer daño, porque puede dejar un mensaje de odio en el correo electrónico o en el WhatsApp, o filtrar una imagen o un video de ella a una plataforma de mensajería, ya no necesita saber dónde vive, donde trabaja o donde estudia, basta con tener su número telefónico, su dirección de correo electrónico, o el nombre en sus redes sociales.

Si los agresores pueden hacer uso de todos esos recursos para cometer esas conductas, con mayor razón las víctimas deben contar con toda una red de apoyo que les garantice protección y seguridad, y estar en el centro de las prioridades y de toda alianza y política pública que pueda construirse en beneficio de quienes más lo necesiten.

Los daños que provoca la violencia digital son muy reales: la depresión, el miedo y la intranquilidad no son cosas que se quedan en las páginas de internet, no se acaban bloqueando a las o los responsables, se traducen en deserción escolar, en ausencias laborales y en aislamiento social.

“Son consecuencias graves y medibles, y si el daño es real, lo justo es que la protección también lo sea”, afirmó.

En ese sentido, Arroyo Martínez convocó a legislar al respecto, porque que si el riesgo migró a lo digital, entonces la protección también debe hacerlo, tenemos que avanzar en conjunto hacia la conformación de nuevas medidas que nos ayuden a evitar que las personas a las que queremos sean víctimas de estos actos que atentan contra su dignidad.

Es por ello que se propuso, modificar las fracciones VI, VII y adicionar la fracción VIII del artículo 63 de la Ley por una Vida Libre de Violencia para las Mujeres en que se establezca: La prohibición al agresor de hostigar, acechar o establecer contacto con la víctima, por sí o por interpósita persona, a través de cualquier medio, incluyendo dispositivos electrónicos, plataformas digitales, redes sociales, correos electrónicos o sistemas de mensajería instantánea.

Asimismo, deberá abstenerse de realizar actos de vigilancia, monitoreo, intimidación o perturbación que afecten la integridad psicológica, emocional o la privacidad de la victima en el entorno digital.

El agresor deberá cesar de manera inmediata cualquier conducta de violencia digital, quedando estrictamente prohibido difundir, compartir, publicar o amenazar con divulgar información, imágenes, datos personales o contenidos que vulneren la dignidad, seguridad o privacidad de la víctima.

Morelia, Michoacán a 20 de mayo del 2026.- El diputado de Morena, Juan Pablo Celis, presentó una iniciativa para reformar la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo, con el propósito de ampliar las licencias de paternidad y avanzar hacia una política de corresponsabilidad familiar que reconozca, acompañe y respalde el trabajo de cuidados que históricamente han asumido las mujeres.

La propuesta plantea ampliar de 20 a 45 días naturales con goce íntegro de sueldo la licencia de paternidad para trabajadores al servicio del Estado, además de fortalecer la protección en casos extraordinarios relacionados con la salud de la madre o el cuidado del recién nacido.

Durante su posicionamiento en tribuna, Celis subrayó que esta iniciativa no busca excluir ni minimizar el papel de las madres, sino precisamente reconocer la carga histórica que muchas mujeres han enfrentado solas en la crianza y el sostenimiento de sus hogares.

“Durante muchos años normalizamos una idea profundamente desigual: que las mujeres debían asumir casi por completo la crianza, el trabajo doméstico y el cuidado cotidiano, mientras los hombres quedaban limitados al rol de proveedores. Esa desigualdad sigue existiendo y debemos transformarla”, expresó.

El legislador destacó que miles de mujeres en Michoacán enfrentan jornadas dobles y triples de trabajo, sosteniendo emocional y económicamente a sus familias sin suficientes redes de apoyo, por lo que el Estado debe generar condiciones más justas para redistribuir las responsabilidades del cuidado.

“La iniciativa parte de una convicción clara: cuidar no es ayudar, cuidar es asumir responsabilidades compartidas”, señaló.

Juan Pablo Celis enfatizó que la reforma coloca en el centro el interés superior de la niñez, garantizando que las y los recién nacidos puedan contar desde sus primeros días de vida con el acompañamiento, afecto y presencia tanto de su madre como de su padre.

Asimismo, explicó que los primeros días posteriores al nacimiento representan una etapa fundamental para el desarrollo físico y emocional de niñas y niños, pero también un periodo complejo para las madres, quienes requieren acompañamiento constante y apoyo real.

La propuesta se encuentra alineada con criterios recientes emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que han señalado la necesidad de avanzar hacia modelos de igualdad sustantiva y corresponsabilidad familiar.

“Michoacán no puede quedarse atrás. Necesitamos leyes que respondan a la realidad social que viven miles de familias y que permitan construir relaciones más igualitarias y más humanas”, afirmó.

Finalmente, el diputado de Morena sostuvo que las políticas de cuidados no son privilegios, sino herramientas de justicia social y bienestar colectivo.

“Queremos una sociedad donde las mujeres no tengan que enfrentar solas la crianza, donde las infancias crezcan más acompañadas y donde el Estado entienda que cuidar y ser cuidado también es un derecho humano”, concluyó.

Reforma busca dar garantía de procesos justos, democráticos e incluyentes.

Morelia, Mich., a 20 de mayo de 2026.- La diputada Presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales y Participación Ciudadana del Congreso del Estado, Diana Mariel Espinoza Mercado, presentó los avances de la Reforma Electoral integral que se construye rumbo al proceso electoral 2027.

La legisladora destacó que esta propuesta busca armonizar el Código Electoral de Michoacán con la Constitución Federal y la legislación nacional, con el propósito de fortalecer la legalidad, la transparencia y la certeza jurídica en los procesos democráticos de la entidad.

Diana Espinoza explicó que la reforma contempla temas prioritarios como la protección de los derechos político-electorales, la inclusión de grupos vulnerables, la paridad de género, así como mecanismos para combatir la violencia política contra las mujeres y la violencia digital.

Asimismo, resaltó que se integran nuevas disposiciones para garantizar elecciones más modernas, equitativas e incluyentes, además de fortalecer al Instituto Electoral de Michoacán (IEM) y al Tribunal Electoral del Estado (TEEM) mediante herramientas jurídicas y operativas más eficientes.

La presidenta de la Comisión de Asuntos Electorales subrayó que esta reforma ha sido construida mediante el diálogo y la participación plural de fuerzas políticas, instituciones y áreas técnicas, integrando alrededor de 28 iniciativas legislativas, en lo que representa la reforma electoral más amplia en Michoacán desde 2014.