Morelia Michoacán a 23 de mayo de 2024.- En un nuevo episodio que suma sombras al actuar de la Guardia Civil de Michoacán, miembros de este cuerpo han sido señalados por cometer extorsiones en la zona bancaria de Las Américas. Las acusaciones no provienen únicamente de la ciudadanía, sino también de víctimas directas que han alzado la voz en contra de estos actos, apuntando incluso a la complicidad de Asuntos Internos.
De acuerdo con testimonios recientes, policías de la Guardia Civil, quienes anteriormente habían sido involucrados en agresiones a miembros del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Ejecutivo (Staspe), ahora son acusados de extorsionar a personas que realizan transacciones bancarias en Las Américas. Una víctima, que ha decidido permanecer en el anonimato por temor a represalias, relató cómo estos elementos la despojaron de su patrimonio durante una visita a una sucursal bancaria.
La víctima asegura que, tras ser interceptada por los policías, fue forzada a entregar dinero bajo amenazas y coacción. “No es la primera vez que sucede, y sé que no soy la única víctima. Esto ya es una práctica común para ellos”, comentó con indignación. Esta denuncia se suma a una creciente lista de quejas contra la Guardia Civil, organismo que debería velar por la seguridad ciudadana, pero que en cambio parece estar involucrado en prácticas corruptas.
Lo que agrava aún más la situación es la acusación de inacción por parte de Asuntos Internos. La víctima mencionó que, a un mes de haber presentado su denuncia formal, no ha recibido respuesta ni visto acción alguna contra los responsables. Este silencio y falta de respuesta alimentan la sospecha de una posible complicidad o encubrimiento dentro de la misma estructura policial.
“La impunidad es lo más preocupante. No sólo es el abuso y el robo, es el hecho de que quienes deberían investigar y sancionar estos actos no hacen nada al respecto”, señaló la víctima. Esta declaración refleja un profundo sentimiento de desamparo y desconfianza hacia las instituciones encargadas de la justicia y la seguridad en Michoacán.
Las repercusiones de estas acusaciones no se limitan a las víctimas directas. La percepción pública de la Guardia Civil de Michoacán se ve gravemente dañada, minando la confianza de la ciudadanía en una fuerza policial que debería protegerla. Organizaciones civiles y defensores de derechos humanos han comenzado a exigir una investigación exhaustiva e independiente que esclarezca los hechos y lleve a los responsables ante la justicia.
En este contexto, es imperativo que las autoridades estatales y federales tomen medidas contundentes para restablecer la confianza en las instituciones de seguridad. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser pilares fundamentales en cualquier acción emprendida para resolver esta crisis de credibilidad.
El clamor de las víctimas y de la sociedad en general es claro: no puede haber espacio para la corrupción y el abuso de poder en cuerpos que existen para proteger y servir a la ciudadanía. La Guardia Civil de Michoacán tiene ahora una deuda de justicia que debe saldar urgentemente, no sólo por el bien de las víctimas directas, sino por el bienestar y la seguridad de toda la comunidad.