La reforma permitía que cada municipio definiera sus capacidades económicas para otorgar tal beneficio a los usuarios.
Morelia, Michoacán a 3 de junio de 2020.-Con el veto que el gobernador impuso a la reforma que el Congreso aprobó para agregar artículos transitorios a la Ley de Hacienda Pública Municipal y con la que se permitía a los ayuntamientos otorgar la suspensión del pago por el abasto del agua potable a ciudadanos afectados económicamente por las medidas de distanciamiento social, el ejecutivo del estado vuelve a mostrar su cara mas autoritaria, señalaron los diputados de MORENA, Sergio Báez Torres, Alfredo Ramírez Bedolla, Antonio de Jesús Madriz Estrada, y las diputadas Cristina Portillo Ayala, Tere López Hernández, Zenaida Salvador Brígido.
“Hemos regresado a los tiempos oscuros en los que los destinos de Michoacán los definía un solo hombre”, agregaron.
Dijeron que la argumentación jurídica del titular del ejecutivo es sesgada puesto que argumenta un atropello a la autonomía municipal en materia de recaudación y cobro por los servicios que presta. “El decreto que aprobó el congreso, a propuesta de MORENA, daba margen para que los cabildos y el Concejo Mayor de Cherán definieran, en función de sus capacidades económicas, el poder otorgar o no la suspensión del pago por el servicio del agua potable”.
“Nos llama la atención la doble moral con la que se conduce la actual administración estatal: por un lado, ha sido insistente y hasta monotemático en exigir que el gobierno federal les transfiera recursos para entregar ‘apoyos’ a afectados por la pandemia; pero por otro, se opone a medidas como esta que llegan directamente a quienes lo necesitan. Esto genera suspicacias puesto que el gobierno estatal quiere ser el único administrador y otorgante de apoyos a los michoacanos; cuando sabemos el tinte político que el ejecutivo ha dado a todos sus programas sociales”, señalaron.
Finalmente, demandaron al gobernador rectificar su medida y dar paso a la entrada en vigencia del decreto cuanto antes. “Queremos que los ayuntamientos que verdaderamente tengan un compromiso social con sus habitantes y que estén en condiciones financieras de hacerlo, otorguen suspensiones de pagos a los usuarios del agua potable. Pero para ello, hay que darle certeza jurídica a esta determinación y por ello es que este decreto les brindaba ese marco legal necesario”, concluyeron.