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Urge dar cumplimiento al mandato judicial para vacunación de menores contra el Covid-19: Mónica Valdez

El retorno a clases presenciales como en el caso de Michoacán, hace urgente tomar las medidas necesarias para evitar contagios en estudiantes

Morelia Michoacán a 13 de octubre de 2021.- Es necesario y urgente que en México se dé cabal cumplimiento al mandato judicial para vacuna contra el Covid-19 a los menores de edad años, subrayó la diputada Mónica Estela Valdez Pulido vicecoordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.

La diputada por el Distrito de Zacapu, recordó que esta semana un juez federal ordenó al Gobierno de la República que modifique su política de vacunación contra el Covid-19, para que sin importar su condición de salud, también se vacune a menores de 18 años.

“El retorno a clases presenciales como en el caso de Michoacán, hace urgente tomar las medidas necesarias para evitar contagios en nuestros menores, no podemos escatimar ninguna acción para velar por su salud”.

Recordó que si bien la resolución del juez fue a partir de un caso promovido en el Estado de México, la sentencia tiene efecto a nivel nacional ya que el juzgador determinó que es obligación del Estado mexicano salvaguardar el derecho a la salud de todas y todos.

En ese sentido la legisladora hizo mención que en Michoacán se han registrado 8 mil 649 casos confirmados por Covid-19, de jóvenes entre los 10 y 19 años, mientras que de niños de 0 a 9 años, son mil 987 casos, situación que podrá incrementarse de manera exponencial con el retorno a clases, si no se toman las debidas previsiones.

“El mandato judicial es claro y debe cumplirse, y es aplicable a todas las y los menores de 18 años, porque como bien señala el juez, el Covid-19 evidentemente también afecta a los infantes”.

Recalcó que ningún argumento dado por el Gobierno Federal, es razón suficiente para generar una condición de discriminación a los menores de edad, a quienes se les ha venido negando con los criterios establecidos, su derecho a la salud y con ello al libre desarrollo.

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