Viabilidad financiera y la certeza presupuestal no deben sujetarse a políticas de especulación
Morelia Michoacán a 26 de febrero de 2019.- Es urgente que el Gobierno Federal clarifique su postura en torno a la problemática que se avecina en el sector educativo por los recortes aplicados a este rubro, recalcó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador de extracción perredista apuntó que pese a la problemática educativa que se registró en Michoacán en la recta inicial de 2019, aún están por venir más efectos adversos por el castigo que la federación ha aplicado al sector educativo.
“Ahora se da una nueva alerta desde la Secretaría de Educación del Estado por el recorte de tres mil millones de pesos aplicado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a la educación media superior, lo que augura colapso en los subsistemas”.
Tony Martínez Soto consideró que la viabilidad financiera y la certeza presupuestal no deben sujetarse a políticas de especulación para colapsar a gobiernos no afines al Federal, ya que el interés público se convierte en rehén, y la población es una vez más la más afectada.
“Se hizo un planteamiento a la Federación en tiempo sobre la problemática educativa en Michoacán, para que se federalice la nómina, no hay claridad aún al respecto sobre la respuesta, y ahora encima se dará el recorte a la educación media superior”.
El legislador subrayó la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública está lista para el trabajo de análisis de la propuesta de reestructuración presupuestal que el Ejecutivo del Estado pueda turnar al Congreso frente a los recortes presupuestales que Michoacán ha venido padeciendo este año por parte del Gobierno Federal.
En ese contexto, sostuvo la necesidad de establecer las rutas para la solución del problema estructural que se vive para el financiamiento del problema educativo, pues éste compromete las posibilidades de crecimiento económico, atención a la infraestructura básica y a la población en situación de vulnerabilidad.