Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacana 17 de diciembre de 2025.- Defensores públicos alzan la voz contra el director Felipe Morales Correa y señalan a la diputada morenista Eréndira Isauro por presuntamente intervenir en decisiones internas; denuncian prácticas discrecionales y violencia laboral contra mujeres.
En la llamada Tribuna del Pueblo, encabezada por el presidente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Guillermo “Memo” Valencia, defensores públicos denunciaron públicamente una serie de presuntas irregularidades que, aseguran, han puesto en riesgo la autonomía, el funcionamiento institucional y los derechos laborales dentro de la Defensoría. Los señalamientos apuntan directamente al director Felipe Morales Correa y a la diputada morenista Eréndira Isauro, a quien acusan de tener “las manos metidas” en la institución.
Durante la exposición, las y los defensores afirmaron que Morales Correa —quien mantiene una relación de pareja con la legisladora— “quita y pone a contentillo de la diputada”, lo que, de acuerdo con los denunciantes, se traduce en decisiones discrecionales, cambios administrativos sin sustento técnico y presiones internas que vulneran la carrera profesional y la estabilidad laboral del personal.
Los trabajadores sostuvieron que esta presunta injerencia política ha provocado un clima de incertidumbre y temor, además de afectar la atención a la ciudadanía que requiere defensa pública. “La Defensoría no puede convertirse en un botín político ni en una oficina subordinada a intereses personales o partidistas”, expresaron.
Uno de los señalamientos más graves fue la denuncia de violencia laboral en contra de mujeres dentro de la institución. De acuerdo con los testimonios presentados, existirían prácticas de hostigamiento, trato diferenciado y represalias, particularmente hacia trabajadoras que han cuestionado decisiones internas o se han negado a acatar órdenes que consideran irregulares. Las denunciantes exigieron protocolos efectivos, investigación imparcial y sanciones, en caso de acreditarse responsabilidades.
Desde la Tribuna del Pueblo, Memo Valencia calificó los señalamientos como “alarmantes” y llamó a que se garantice la autonomía real de la Defensoría, así como el respeto a los derechos laborales y humanos de su personal. “No se puede permitir que una institución creada para proteger a los más vulnerables sea utilizada para intereses particulares. Exigimos transparencia, legalidad y rendición de cuentas”, subrayó.
Valencia pidió además la intervención de los órganos de control y fiscalización, así como de las instancias competentes en materia de igualdad y no violencia, para que se investiguen a fondo las denuncias. “Si hay tráfico de influencias, nepotismo o violencia laboral, debe haber consecuencias”, remarcó.
Las y los defensores públicos reiteraron que su exigencia no es política, sino institucional y social: rescatar la Defensoría para que cumpla su función con profesionalismo, independencia y enfoque de derechos humanos. “Defender a la ciudadanía empieza por defender la legalidad dentro de casa”, concluyeron.