Morelia, Michoacán, a 20 de agosto de 2021.- El Tribunal Electoral del Estado de Michoacán continúa comprometido con políticas públicas que impulsen y garanticen la plena participación política de las mujeres, afirmó Yurisha Andrade Morales, Presidenta Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEM).
Lo anterior en el marco de su participación en el Conversatorio: Participación política de las mujeres, de la representación descriptiva a la representación sustantiva: Una mirada institucional, organizado por el Observatorio de Participación Política de las Mujeres Michoacanas presidido por Armando Hurtado Arévalo, Secretario de Gobierno del Estado, en colaboración con la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
En el encuentro donde también se tuvo la colaboración como ponentes de Adriana Margarita Favela Herrera, Consejera del Instituto Nacional Electoral, de María Enríquez Sánchez, coordinadora Operativa de la Junta Local Ejecutiva de Michoacán y Araceli Gutiérrez Cortés, Consejera Electoral del Instituto Electoral del Estado de Michoacán; Yurisha Andrade Morales presentó durante su intervención, las distintas acciones que se han emprendido desde el TEEM como el Protocolo para atender la violencia política contra las mujeres publicado en 2017.
Así como la firma de diversos acuerdos y convenios con instituciones para el impulso de acciones encaminadas a combatir la violencia política hacia las mujeres y la creación de la Defensoría Pública para la Protección de los Derechos Político-Electorales que ha coadyuvado para presentar, promover e interponer ante el Tribunal, medios de impugnación para defender y salvaguardar los derechos político-electorales, con especial cuidado, de las mujeres.
Además de la puesta en marcha de capacitaciones al personal del TEEM para la vigilancia y promoción de los derechos y liderazgo de las mujeres en el ámbito público; aunado a ello, jornadas y conferencias para la sensibilización.
En el encuentro llevado a cabo de manera virtual, Adriana Favela Herrera Consejera del INE, señaló que si bien es cierto que se ha avanzado en materia legislativa logrando más espacios para las mujeres en la vida pública, la violencia política es una constante que se centra aún más en los partidos políticos, en donde el reto que enfrentan las mujeres es lograr una candidatura.
“Otro problema que tenemos es que se da violencia y muchas veces las mujeres no denuncian y cuando denuncian, las autoridades no le dan el tratamiento correspondiente para que sea lo más rápido posible, y que en algunos casos amerita la suspensión de la candidatura a agresores y no se hace”, enfatizó.
Al volver a tomar la palabra, la Magistrada Presidenta dijo que es indudable que el ejercicio pleno de la ciudadanía para las mujeres, está limitado.
“Ya sea por la sub-representación o por una representación sin peso para generar cambios significativamente cualitativos en la materia; las mujeres no solo se enfrentan a la descalificación, la desconfianza o indiferencia sobre sus capacidades para hacer un buen trabajo político o ganar una elección, sino también a la posibilidad de enfrentar todo tipo de violencia, y todo ello inhibe la participación de las mujeres para la toma de decisiones importantes”, dijo.
Por todo ello, Yurisha Andrade consideró que en México se tienen grandes retos y oportunidades, dado que aunque hay logros importantes en la materia entre ellos, la Reforma sobre la paridad de género, no son suficientes para afrontar las exigencias de la realidad.
Además, señaló que la violencia política contra las mujeres tiene diversas causas sin embargo, recalcó que una que mayormente la favorecen, es la impunidad “que aún forma parte del sistema político y es el primer factor que se tiene que combatir”.
Finalmente, la Magistrada Presidenta, reflexionó que el reto que se tiene como sociedad, es denunciar y evidenciar la violencia simbólica, que se genera a través de los estereotipos de género, de comportamientos socialmente aceptados “y por ello considero que se deben de seguir perfeccionando las estrategias educativas así como el tipo de sanciones que logren disuadir, castigar y prevenir estas conductas”.