Apuntó que la Sesión Legislativa de este martes, es tardía, sin que se dé aún cumplimiento cabal al mandato emitido el primero de diciembre por el Juzgado Cuarto de Distrito, para derogar el decreto 461 por el que se eligió auditor Superior de Michoacán
Morelia Michoacán a 12 de diciembre de 2023.- Ser Poder no implica que se pueda violentar la norma a capricho, y el ejercer la función de diputados no significa inmunidad garantizada sobre las decisiones que se tomen, recalcó la diputada Julieta Gallardo Mora, coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro, apuntó que la Sesión Legislativa de este martes, es tardía, sin que se dé aún cumplimiento cabal al mandato emitido el primero de diciembre por el Juzgado Cuarto de Distrito, para derogar el decreto 461 por el que se eligió auditor Superior de Michoacán.
“En todo momento esta coordinación parlamentaria alertó de las violaciones a la Ley y a los procedimientos legislativos en que estaba incurriendo la mayoría de diputadas y diputados en este Congreso con la elección de un nuevo auditor superior, pese a existir un mandato judicial que lo prohibía”.
Julieta Gallardo refirió que tras el mandato judicial del primero de diciembre, la mayoría de la Junta de Coordinación Política lejos de corregir, buscó una solución que incurría nuevamente en violaciones a la norma, y que derivó en un nuevo mandato para corregir el desaseo y ordenar que sea el Pleno el que derogue el referido decreto.
“El hecho es que se opta por una nueva ruta que alarga el cumplimiento del mandato judicial, ya que a diferencia de otros temas en donde se elaboran dictámenes con toda celeridad y se cita al Pleno de un momento a otro, en este se ha optado por no cumplir con el plazo de 24 horas establecido por el juzgado, y delegar la responsabilidad a la Comisión Inspectora”.
La legisladora lamentó que la LXXV Legislatura sea ejemplo de violaciones continuas a la Ley sin recato alguno, en donde lejos de fortalecer con su toma de decisiones las instituciones, contribuya a vulnerarlas por privilegiar intereses políticos y no públicos.