Sin duda una de las mejores iniciativas de Adriana Hernández
Por: José Cruz Delgado
Morelia, Michoacán, a 05 de octubre de 2017.- La tortura no tiene cabida en un sistema democrático y respetuoso de los derechos humanos como el nuestro, por ello se presentó la iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Michoacán de Ocampo y de la Ley de Atención a Víctimas para el estado.
La tortura representa un resabio de brutalidad que debe ser erradicado de manera definitiva, sin que valgan para su aplicación razones de seguridad pública o nacional, el combate a la criminalidad o el mantenimiento de la actividad productiva. “Es por eso que el Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional reiteró su respeto hacia los derechos fundamentales de los mexicanos y formula propuestas tendientes a preservarlos.
En junio de 2017 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; una vez expedida la norma general mandatada por la Constitución de la República, lo conducente es armonizar las normas de las entidades federativas y para ello al contenido del artículo tercero transitorio del Decreto del 26 de junio del presente, el cual establece que, en un plazo máximo de 180 días contados a partir de la entrada en vigor del mismo, la legislatura de cada entidad federativa deberá armonizar su marco jurídico de conformidad con el mismo.
Los alcances de tal armonización tienen que ver con la emisión de normas de carácter orgánico, de disposiciones que tiendan a reformar la vida interna de las instituciones del Estado encargadas de prevenir y sancionar la tortura.
La diputada Adriana Hernández Íñiguez, presidenta de la Junta de Coordinación Política en el Congreso del Estado presentó la iniciativa y explica que dentro de su propuesta se tiene por objetivo la atribución del Ministerio Público para vigilar el cumplimiento de los deberes que a su cargo establece la legislación general en materia de prevención, investigación y sanción de tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes; así como crear en la Procuraduría General de Justicia del Estado una Fiscalía Especializada en la Investigación del Delito de Tortura.
También se señala como una atribución del Procurador General de Justicia del Estado la de coordinar la operación y la administración del Registro Estatal del Delito de Tortura, esto en atención a lo previsto en el artículo 84 de la Ley General, el cual estipula que, en el caso de las Fiscalías de las entidades federativas, éstas instrumentarán su respectivo registro del delito de tortura.
También faculta al titular del Poder Ejecutivo del Estado y a los municipios a fin de que apliquen las disposiciones contenidas en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes; y, finalmente, especifica como una atribución de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas proporcionar medidas de ayuda, asistencia y atención, en términos de lo previsto en la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Sin duda, es una de las mejores iniciativas que ha presentado la legisladora local y fue más allá, pues también con el propósito de garantizar el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario, el Congreso local aprobó reformas al artículo 94 de la Constitución Política del Estado.
La reforma impulsada por la diputada Adriana Hernández y dictaminada por los diputados integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y de Seguridad Pública y Protección Civil; Rosa María de la Torre, Miguel Ángel Villegas, Manuel López, Mary Carmen Bernal, Jeovana Alcántar, Wilfrido Lázaro, Juan Figueroa y Roberto Carlos López, establece que el sistema penitenciario deberá organizarse sobre la base del respeto a los derechos humanos.
De esta manera, los medios para la reinserción social del sentenciado contarán con un sustento constitucional basado en el trabajo, la capacitación para el mismo, la educación, la salud y el deporte, observando los beneficios previstos por la ley, con el fin de procurar que no vuelvan a delinquir.
El dictamen señala que la adición a la Constitución del Estado, resulta necesaria en atención a una observación realizada por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, indicando que Michoacán tiene un avance del 90.9%, en virtud de que no menciona expresamente en su Constitución el respeto a los derechos humanos en el sistema penitenciario.
Por cierto que el también diputado Raymundo Arreola Ortega señala que el Sistema Político Mexicano ha vivido una gran transformación, a partir del último cuarto del siglo pasado y ha continuado en el presente.
A partir de esa época retoma el Poder Legislativo, todas las facultades que tenía olvidadas y en desuso que llevó a decir a intelectuales y politólogos, que el Poder Legislativo se había convertido en un apéndice del ejecutivo, y no erraban, Teníamos un congreso totalmente dócil a las órdenes del presidente de la república y se replicaba su símil en las entidades federativas con un congreso obediente frente a los gobernadores.
Hoy esta gran transformación ha permitido, que las facultades del Poder Legislativo sean una realidad y destaco entre ellas, el control político de la constitución, que llevamos dese el congreso para con todas las actividades que se lleven a cabo por los Poderes Ejecutivo, Judicial, órganos constitucionalmente autónomos y los ayuntamientos michoacanos.
El legislador Raymundo Arreola Ortega, propuso una iniciativa de reforma que tiene como finalidad armonizar nuestro texto constitucional local con el federal, a efecto de dotar desde la constitución local, una figura jurídica que permita al ejecutivo en turno, conformar gobierno de coalición con el respaldo de las principales fuerzas mayoritarias representadas en el Congreso de Michoacán a efecto de concretizar las políticas públicas trascendentales para el desarrollo de la entidad, así como para alcanzar la gobernanza y la estabilidad política de una manera nítida, transparente, clara, sin el repliegue de las ideologías que estas fuerzas políticas representan en la legislatura local.