El nuevo Virrey
Iniciativas ciudadanas
Por: José Cruz Delgado
Morelia, Michoacán, a 25 de octubre de 2017.– No cabe duda que algunos personajes recurren a todo con tal de llamar la atención, sobre todo si se trata de personajes influyentes como fue el caso del perredista Antonio García Conejo, hermano del gobernador Silvano Aureoles Conejo quien montó todo un circo en la sede del Congreso Local con el pretexto de rendir protesta como diputado en sustitución de Pascual Sigala.
Desde antes de las nueve de la mañana llegaron funcionarios y acarreados lambiscones dizque acompañando a García Conejo, quien por cierto, rindió protesta y se ausentó, seguramente a realizar otras actividades más importantes que legislar en favor de los michoacanos.
Lo peor de todo es que los múltiples funcionarios abandonaron sus actividades en sus respectivas dependencias para asistir a la toma de protesta del nuevo Virrey.
Los responsables de la seguridad fueron rebasados o se hicieron los occisos y los dejaron pasar, no así a un grupo de transportistas invitados por el diputado Raymundo Arreola Ortega dizque por “seguridad” del nuevo legislador que faltó a su primera sesión. Sin embargo, finalmente logró que los dejaran pasar.
A esta payasada se sumó el también diputado perredista Juan Figueroa Gómez, quien con antelación solicitó al Congreso que se dejaran entrar a unas 300 personas que iban acompañar a Antonio García Conejo.
Este nuevo personaje dio muestras de soberbia, influyentismo y prepotencia por el solo hecho de ser hermano del gobernador perredista Silvano Aureoles Conejo. El montaje de este circo es el preámbulo de lo que le espera a los michoacanos.
Algunos diputados consideraron la toma de protesta de García Conejo como un mitin político por la pasarela de tanto lambiscón. Los encargados de la seguridad del Congreso no dejaron ingresar a nadie hasta que concluyera la sesión.
Por cierto, una iniciativa fue presentada por el diputado priísta Roberto Carlos López García que dará mayores facultades a los michoacanos para que puedan presentar iniciativas ciudadanas y el Congreso del Estado tendrá un plazo de 60 días para dictaminarlas.La propuesta, que reforma diversos artículos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso del Estado de Michoacán de Ocampo, pretende garantizar el ejercicio del derecho constitucional que tienen los ciudadanos para presentar iniciativas y de esta forma preservar la fórmula democrática que permite a los ciudadanos trabajar de la mano con los diputados, en la búsqueda permanente del bien público.
Con la iniciativa también se refrenda y fortalece las bases del quehacer legislativo en el Congreso del Estado para garantizar la participación ciudadana, lo que se traducirá en una mayor y eficaz vinculación con los ciudadanos y una mayor transparencia respecto al trabajo que realizan los diputados. Además, permitirá que los ciudadanos conozcan más y mejor el trabajo de sus diputados y que se sientan estimulados a participar con propuestas que enriquezcan el trabajo legislativo.
Con esta iniciativa también se impulsa una mayor participación de los ciudadanos en la toma de decisiones del Congreso del Estado; se mejora la relación entre los diputados y sus representados; se fortalece el sistema democrático; se dará mayor eficacia a los derechos políticos y humanos; y se legitimará los acuerdos tomados, lo que contribuirá a recuperar la confianza de los ciudadanos y, sobre todo, a que aprendamos a trabajar conjuntamente en beneficio de los michoacanos”, sentenció.
López García recordó que en la actualidad se considera que deben cumplirse cuatro condiciones básicas para que la participación ciudadana realmente exista en un régimen democrático: el respeto a los derechos humanos; los canales institucionales y los marcos jurídicos; la información; y la confianza por parte de los ciudadanos hacia las instituciones democráticas.
Y es que , la democracia como forma de organización política-social y como sistema de vida, atribuye la titularidad del poder del pueblo, sin embargo, para que el pueblo ejerza verdaderamente el poder que le reconoce la Constitución en el artículo 39, es necesario que los ciudadanos participen de forma activa en los asuntos públicos por ser éstos del interés de todos, ya que la participación de la que se nutre la democracia permite que las diversas opiniones sean escuchadas y atendidas.
El legislador señala que en la actualidad, en muchos estados del país como el nuestro, tanto las constituciones como las leyes de participación ciudadana y las leyes orgánicas municipales, establecen la participacón de los ciudadanos en la toma de decisiones de las autoridades públicas, así, las nuevas tendencias en materia de participación ciudadana se distinguen por la apertura de los ciudadanos, debiendo incluso, invitarlos a que intervengan directamente en los proyectos que realizan.
No existe mejor fórmula democrática que ver a los ciudadanos trabajando de la mano con los diputados, buscando permanentemente el bien público.
Por cierto, en sesión ordinaria, el Pleno de la LXXIII Legislatura aprobó reformas a diversos artículos de la Ley de Tránsito y Vialidad del Estado, la cual contempla evitar que los elementos de tránsito retengan documentos del conductor, o su unidad vehicular.
El dictamen fue presentado por los diputados integrantes de la Comisión de Comunicaciones y Transportes, Raymundo Arreola, Manuel López, Juanita Noemí Ramírez y Héctor Gómez, en relación con el análisis de las iniciativas presentadas por los diputados Wilfrido Lázaro, en la que se propone la ceración de un padrón y regular el uso de la motocicleta; así como por el diputado Sergio Ochoa, en la que se busca evitar que los elementos de tránsito retengan documentos del conductor o su unidad vehicular.
En ese sentido la comisión dictaminadora determinó necesario modificar la norma para precisar que todo vehículo impulsado por un motor eléctrico o de combustión interna, igual o mayor a los 49 centímetros cúbicos que sea utilizado para circular sobre las vías de comunicación estatales, deberá ser registrado en los términos de la ley, exceptuando de ello a las bicicletas tradicionales o eléctricas.Añade que bajo ninguna circunstancia se podrá retener de forma alguna licencia, tarjeta de circulación, placa o vehículo como medio de garantía de pago de la multa impuesta por infringir esta ley o los reglamentos Estatal o municipales de tránsito y vialidad.
De igual forma, no se podrá suspender la circulación a ningún vehículo, salvo en los casos de flagrancia delictiva o que se ponga en riesgo a la sociedad por conducir bajo el influjo indebido de drogas o bebidas alcohólicas, o cuando no se acredite la propiedad o la legal procedencia del mismo.
Algo inédito sucedió en la sede Legislativa, pues el diputado Juan Pablo Puebla Arévalo presentó un punto de acuerdo a través del cual el Congreso del Estado exhortará al Poder Ejecutivo a destituir al titular del subsistema Telebachillerato, Juan Carlos Barragán, por realizar proselitismo político y acoso laboral hacia los docentes del subsistema, que no coinciden con su ideología política.
Asimismo, el poder legislativo realizará un exhorto a la totalidad de los funcionarios del gobierno para que cumplan a cabalidad las leyes y no realicen propaganda política con recursos disponibles en su cargo. Al respecto, Juan Pablo Puebla aseveró que lamentablemente, el titular del subsistema de Telebachillerato utiliza como trampolín político a la institución para promover su imagen.
Además, destacó que ya hay denuncias ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de casos de discriminación hacia empleados por su origen indígena y a los mismos estudiantes.
Y bueno pues siguiendo con el tema legislativo, el diputado del PRI, Roberto Maldonado Hinojosa le pidió peras al olmo al proponer ante el Pleno del Congreso del Estado, se exhorte a Marco Antonio Lagunas Vázquez, titular de la Comisión Coordinadora del Transporte Público de Michoacán, para que observe y aplique de manera igualitaria y sin excepciones la Ley de Comunicaciones y Transportes de Michoacán, en el tema de las concesiones para prestadores de servicio de transporte público.
En este sentido demandó al titular de la Cocotra aplicar de manera pareja e igualitaria la ley, y no solo porque se trate de una empresa grande como lo es Uber, en especial mencionó se debe poner atención a los casos de transportistas en todos y cada uno de los 113 municipios que conforman nuestro estado, en donde la irregularidad es cotidiana y algo grave que pone en riesgo las vidas de los ciudadanos al no contar con seguridad.
Lógicamente que su compañero de bancada Raymundo Arreola Ortega no comparte esa opinión pues ha señalado que la ley es muy clara de debe respetarse, pero ¿qué se puede esperar de Marco Antonio Lagunas Vázquez, quien ha sido un títere de los caciques del transporte que operan en Michoacán?
¡Nada, absolutamente nada!
Por eso el transporte público de la entidad está para llorar.