A dos años de la constitución del Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán, son pocas las sesiones que se han realizado para identificar las causas de la violencia.
Morelia, Mich., a 24 de enero de 2017.- La Secretaría de Educación en el Estado (SEE) está obligada a revisar los protocolos de actuación y prevención de la violencia escolar, señaló el diputado del PRI e integrante de la Comisión de Educación en el Congreso del Estado, Mario Armando Mendoza Guzmán, luego de hacer un llamado al Consejo Preventivo de la Violencia Escolar en el Estado de Michoacán sesionar para establecer acciones conjuntas padres de familia y autoridades para atacar la violencia desde la escuela y hogares.
El diputado del PRI, señaló que a más de dos años de la creación del Consejo es preocupante que este organismo tenga pocos indicios de haber sesionado, pese a ser un organismo dependiente de la Secretaría de Educación del Estado, entre cuyas funciones se encuentra elaborar y dar seguimiento al protocolo de actuación y prevención de la violencia escolar.
Ante el escenario en el que se encuentran los jóvenes y niños michoacanos, alertó que es fundamental sesionar para que las acciones que se trabajan con la participación de los ciudadanos tengan efectos en las instituciones de educación pública.
Si bien reconoció los esfuerzos de la autoridad estatal para implementar operativos como Mochila segura en Michoacán, sostuvo que es fundamental que este Consejo aborde de manera integral la situación de violencia escolar a la que no es ajena el estado, ya que de acuerdo con la Comisión Estatal de Derechos Humanos se han atendido al menos cinco de cada 10 niños en el estado han sufrido este tipo de violencia.
Este consejo recordó el diputado del tricolor, permite atender las denuncias de violencia escolar; acreditar a las instituciones libres de violencia; coordinar las acciones con dependencias del Poder Ejecutivo del Estado autoridades municipales en materia de atención y prevención de la violencia escolar construir, analizar, dar seguimiento y evaluar propuestas de formación, intervención y prevención de la violencia escolar, así como las políticas públicas diseñadas en esta materia, de ahí la importancia de este organismo en el que participa la sociedad civil.