Morelia, Michoacán | 20 de abril de 2026.- El Consejo Empresarial y de Profesionistas de México (CEPM), encabezado por su presidente Isaac Díaz González, manifestó su condena y preocupación tras el ataque armado registrado este lunes en la zona arqueológica de Teotihuacán, el cual dejó como saldo una ciudadana canadiense fallecida y varios heridos.
Los hechos
De acuerdo con el pronunciamiento oficial del organismo, el incidente ocurrió cuando un sujeto abrió fuego de manera indiscriminada desde la cima de la Pirámide de la Luna. El ataque provocó escenas de pánico entre los visitantes nacionales y extranjeros que se encontraban en el sitio patrimonial.
Díaz González expresó sus condolencias a la familia de la víctima extranjera y manifestó su solidaridad con los lesionados que actualmente reciben atención médica, calificando el suceso como un “incomprensible acto de violencia”.
Impacto en el sector turístico
El CEPM advirtió que este evento representa un golpe significativo para la economía nacional, especialmente para el turismo. El organismo señaló que la vulneración de un espacio considerado Patrimonio de la Humanidad afecta la percepción de seguridad de México a nivel internacional.
“Incidentes de esta magnitud agravan la delicada situación por la que atraviesa el sector, generando un impacto negativo incalculable”, señala el comunicado.
Exigencias al Estado
Ante la falla en los filtros de seguridad que permitió el ingreso de armamento a la zona, el Consejo hizo un llamado urgente a las autoridades para tomar medidas inmediatas:
Esclarecimiento de los hechos: Exigen una investigación pronta y transparente.
Revisión de protocolos: Solicitan el rediseño de los filtros de seguridad en todas las zonas arqueológicas y turísticas del país.
Estrategia de imagen: Urgen a implementar un plan de contención para evitar la cancelación masiva de visitas e inversiones extranjeras.
Finalmente, el representante del sector empresarial enfatizó que la reactivación económica del país está supeditada a la garantía de seguridad, responsabilidad que calificó como “ineludible” por parte del Estado.