Presentó iniciativa de decreto por el que se emite el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa.
Morelia, Michoacán., a 06 de diciembre de 2017.- Es necesario expedir un nuevo Código de Justicia Administrativa que incluya todas aquella reformas recientemente hechas en la implementación del Nuevo Sistema Estatal Anticorrupción, como todos aquellos criterios de interpretación hechos por los Tribunales Federales que impactan tanto en el actuar e interpretación en la justicia administrativa local pero, sobre todo, en los procedimientos administrativos ante autoridades locales estatales y municipales.
Lo anterior lo afirmó el diputado Raymundo Arreola Ortega al presentar la iniciativa de decreto por el que se emite el Código de Procedimientos y Justicia Administrativa del Estado de Michoacán.
El diputado por el distrito de Múgica explicó que en la iniciativa se incluyen tópicos inexistentes como derechos y obligaciones de los ciudadanos, obligaciones a las autoridades administrativas, formalidades y plazos de los procedimientos administrativos, entre otros, abonando con ello al respeto irrestricto de los derechos humanos de los gobernados, con el fin de generar certidumbre jurídica.
El legislador tricolor aseguró que con su propuesta se pretende dar mayor funcionalidad a los procedimientos instaurados tanto por las autoridades administrativas frente a particulares y los ventilados en el Tribunal de Justicia Administrativa.
Competencia para recibir y resolver asuntos de responsabilidad administrativa grave por parte de los servidores públicos de la administración pública local; así como para recibir y resolver asuntos que involucren a los servidores públicos de los organismos descentralizados, cuando estén relacionados con alguno de los actos de corrupción calificados como graves por la ley de la materia, son algunos de los aspectos que se marcan en la propuesta que también estipula sanciones a los particulares que intervengan en actos de corrupción.
Es importante señalar las nuevas figuras jurídicas que incluirá este ordenamiento y que lo convertirán en un instrumento muy útil para resolver las controversias que son competencia del tribunal, entre otras destacan los procedimientos del juicio tradicional; procedimientos del juicio sumario; de responsabilidades administrativas graves y procedimientos del juicio en línea.
Finalmente, se suprimen disposiciones que son violatorias de los derechos de debido proceso, seguridad jurídica y acceso a la justicia, consagrados por los artículos 14, 16 y 17 de la Constitución Federal.