La diputada del PT se reunió con integrantes de COFADDEM, para retomar la agenda legislativa en la materia.
Morelia Michoacán a 26 de enero del 2023.- Con la finalidad de concretar la Ley de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y el Sistema de Búsqueda de Personas para el Estado de Michoacán, la Diputada Local del Partido del Trabajo, Brenda Fraga, sostuvo una reunión con integrantes de la Comisión de Familiares de Personas Detenidas Desaparecidas de México, “Alzando Voces”, para plantear la agenda legislativa sobre el tema.
La congresista del PT, señaló que desde la legislatura anterior realizó una propuesta, al respecto que se presentó en conjunto con colectivos y que tiene todas la bases necesarias para poder llevarla acabo, sin embargo fue soslayada, de tal forma que retomará la propuesta para de nuevo llevarla a la máxima tribuna del estado.
“Michoacán presenta un alto índice de casos, por lo que es urgente legislar en esta materia, que permita ordenar la prevención, sancionar y erradicar el delito de la desaparición forzada de personas, que pueda garantizar la justicia”.
Fraga Gutiérrez señaló que las Comisiones de Justicia y de Investigación y Combate a la Desaparición de Personas y los Desplazamientos Forzados en el Congreso, tardan mucho tiempo en dictaminar los asuntos, por diferentes causas, situación que retrasado su discusión en el pleno.
“Hay pocos dictámenes en las Comisiones, ahí el trabajo es lento, por todo lo que involucra, como recursos económicos, la estructura de organismos especializados y el tema político por la responsabilidad que se requiere por parte de las instituciones. El Legislativo debe acompañar y señalar si hay apatía de las instituciones, buscar la información para poder ayudar y compartir los casos en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas.”
En este sentido la legisladora petista tiene previsto en los próximos días, la presentación del Informe del Comité contra la desaparición forzada de la ONU, que cuenta con datos precisos al respecto y un protocolo de actuación probado, que debería ser homologado en nuestro estado, para poder seguir puntualmente y de manera correcta los proceso de investigación, para poder prevenir y resolver casos de este tipo, además de brindar certeza jurídica a las víctimas y sus familiares.