Zacapu, Michoacán a 15 de diciembre del 2025.– Un grupo de regidoras y regidores del Ayuntamiento de Zacapu ha optado por abandonar su responsabilidad de servir a la ciudadanía para concentrarse en una agenda de exigencias económicas y privilegios personales, utilizando incluso instancias jurisdiccionales como mecanismo de presión política contra el propio Cabildo.
Bajo el argumento de una supuesta obstrucción a sus funciones, los regidores promovieron una denuncia ante el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán (TEEMich), pese a que el conflicto no es electoral ni legal, sino estrictamente administrativo. El fondo del reclamo es claro: un aumento salarial superior al 200 por ciento, vehículos oficiales, viáticos, asesores, personal a su cargo y control de recursos públicos, beneficios que la ley no les concede y que el Cabildo se ha negado a autorizar.
La incongruencia de los regidores es evidente. Durante todo el ejercicio anual aprobaron sin objeción las sesiones de Cabildo celebradas conforme a derecho, guardaron silencio cuando tuvieron los espacios legales para manifestar inconformidades y hoy intentan victimizarse, a pesar de que incluso existe una nueva sesión debidamente programada.
En términos jurídicos, la queja carece de sustento. El TEEMich no tiene competencia para resolver asuntos administrativos ni presupuestales, y tampoco el Congreso del Estado, al que los regidores han amagado acudir, puede intervenir en una exigencia que no tiene base legal ni normativa.
Más grave aún es que, al ser cuestionados sobre su desempeño, gestiones realizadas o resultados concretos desde las comisiones que encabezan, los regidores evadieron responder con claridad y no pudieron acreditar una sola gestión directa en beneficio del municipio. La exigencia de más recursos contrasta con la ausencia de trabajo y resultados.
La determinación de las autoridades municipales ante los amagos es que no habrá concesiones, chantajes ni presiones que pretendan desviar recursos públicos para intereses personales y que se seguirá actuando con apego a la ley, priorizando obras, servicios y acciones que realmente beneficien a la población, no a quienes buscan servirse del cargo.
El ejercicio de la función pública exige responsabilidad, resultados y ética, y que el Cabildo no puede ni debe convertirse en un espacio para la negociación de privilegios personales a costa del erario.