Morelia Michoacán a 29 de mayo de 2026.- Al advertir que la reforma al Poder Judicial impulsada por el partido en el poder ha generado incertidumbre, debilitado los contrapesos democráticos y evidenciado fallas que hoy obligan a modificarla nuevamente, la coordinadora del Grupo Parlamentario del PRI en la LXXVI Legislatura local, Adriana Campos Huirache, reiteró que como bancada no respaldan las nuevas reformas constitucionales en la materia, al considerar que profundizan la concentración de poder y no resuelven los problemas de fondo del sistema de justicia.
Durante la discusión del dictamen que reforma y adiciona diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia del Poder Judicial, la legisladora priista sostuvo que la llamada reforma judicial nunca tuvo como objetivo principal mejorar la impartición de justicia, sino fortalecer el control político sobre las instituciones, dejando de lado principios fundamentales como la independencia judicial, el mérito profesional y la carrera judicial.
Adriana Campos Huirache señaló que la propuesta que hoy se sometió a discusión del Pleno del Congreso del Estado de Michoacán representa un reconocimiento implícito del propio gobierno federal sobre las deficiencias de una reforma que desde su origen fue cuestionada por especialistas, académicos, juristas y operadores del sistema de justicia, quienes advirtieron sobre los riesgos de modificar un poder del Estado sin el consenso necesario.
La coordinadora parlamentaria destacó que durante décadas el Poder Judicial fue construido mediante el esfuerzo, la preparación y la experiencia de miles de mujeres y hombres comprometidos con la impartición de justicia, por lo que lamentó que el conocimiento jurídico y la trayectoria profesional hayan sido relegados en favor de decisiones con un claro trasfondo político.
Asimismo, afirmó que toda institución es perfectible y susceptible de mejoras, pero enfatizó que las reformas deben responder al interés público y al fortalecimiento institucional, no a proyectos de concentración de poder. En ese sentido, consideró que la implementación de la reforma judicial ha estado marcada por la improvisación y la falta de visión de largo plazo.
La diputada del PRI recordó que desde el inicio de la discusión de esta reforma se advirtió que los problemas derivados de su diseño obligarían a realizar modificaciones posteriores. “Hoy estamos viendo una reforma sobre la reforma, no porque se busque perfeccionar el sistema de justicia, sino porque las fallas se han hecho evidentes y ya no pueden ocultarse”, expresó.
También cuestionó que la narrativa de combate a la corrupción utilizada para justificar estos cambios haya perdido credibilidad ante los recientes señalamientos relacionados con presuntas redes de corrupción y vínculos con actividades ilícitas, lo que demuestra que los problemas estructurales permanecen sin solución.
Adriana Campos subrayó además que la propuesta mantiene una visión centralista que afecta la autonomía de las entidades federativas para organizar sus poderes judiciales de acuerdo con sus propias necesidades y marcos normativos, limitando facultades que históricamente han correspondido a los estados y debilitando el federalismo mexicano.
Finalmente, reiteró que las y los diputados del Grupo Parlamentario del PRI votaron en contra de esta reforma por congruencia con la postura que han sostenido desde el inicio del proceso. “Nuestra responsabilidad es defender las instituciones, preservar la división de poderes y garantizar que la justicia siga siendo un instrumento de libertad, legalidad e igualdad para todas y todos los mexicanos, no una herramienta al servicio de intereses políticos”, concluyó.