El diputado priísta Sergio Ochoa Vázquez presentó la iniciativa para modificar el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Justicia Administrativa.
Morelia; Michoacán, 08 de noviembre de 2017.- Debido al gasto económico que el dar trámite a demandas improcedentes representa para el Estado y la sociedad, el diputado Sergio Ochoa Vázquez subió a tribuna para presentar ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa con proyecto de decreto para modificar el Código de Procedimientos Civiles, la Ley Orgánica del Poder Judicial y el Código de Justicia Administrativa.
La iniciativa pretende evitar que los tribunales admitan a trámite demandas que no son de su competencia, dado que esta situación deja hasta el final de un largo procedimiento la resolución de improcedencia, siendo que desde el inicio debieron ser decretados como fuera de competencia.
Ochoa Vázquez aseguró que esto provoca agravio a la sociedad, además de un gasto económico y humano, tanto para el Estado como para los particulares, pues al admitirse a trámite y dar seguimiento a demandas notoriamente improcedentes, se sigue un juicio con todas sus etapas, donde el Estado debe cubrir los costos que implica el que los servidores públicos destinen tiempo y materiales en atender y dar trámite a una causa judicial. Por su parte, los particulares se tienen que enfrentar a realizar inversiones innecesarias en juicios y procesos infructíferos, aunado a la pérdida de tiempo.
“En aras de garantizar la seguridad jurídica ponderada por el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el juzgador debe asegurarse de oficio siempre y al inicio de la contienda, que la vía elegida por el solicitante de justicia sea la procedente y que el juicio realmente sea de su competencia y no dejarlo hasta el momento de dictar sentencia”, sostuvo el legislador.
Además, indicó que un juzgador debe ser destituido cuando admita casos que no hayan sido de su competencia. De esta manera, se pueden evitar actos de corrupción y se podrá fortalecer el sistema de administración de justicia, ya que las decisiones de los tribunales deben poner en evidencia un estricto respeto a la ley y a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“Para evitar el agravio social y el desgaste económico y humano, tanto para el Estado como para los particulares, es importante que se establezcan de manera expresa las sanciones que pueden ser incluso, la destitución del cargo, a magistrados, jueces y servidores públicos, cuando de manera recurrente y en un acto de negligencia se avoquen al conocimiento de casos que, por mandato legal, no sean de su competencia”, finalizó Sergio Ochoa.