Reactiva FGE, visitas de supervisión a zonas de internamiento en las Fiscalías Regionales

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Morelia, Michoacán, a 18 de agosto de 2020.- En seguimiento a los trabajos de atención de los lineamientos del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT), que tienen como objetivo garantizar a las personas detenidas, condiciones adecuadas para prevenir que se violenten sus derechos humanos, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), reactivó las visitas de supervisión a las áreas de internamiento de las diversas fiscalías regionales.

Como parte de estas actividades, este día, personal de la Dirección General Jurídica y de Derechos Humanos, en coordinación con la Fiscalía Especializada para el Delito de Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes, llevó a cabo un recorrido de supervisión en el área de internamiento de la Fiscalía Regional de Uruapan, atendiendo a la recomendación realizada por este Mecanismo.

Esta acción, forma parte de una agenda de trabajo que se vendrá desarrollando a partir de esta fecha en cada una de las Fiscalía Regionales y que, con motivo de las restricciones derivadas de la pandemia Covid-19, se había suspendido.

De esta manera, y en cumplimento a los ejes estratégicos del Plan de Persecución de Delitos y del Programa Institucional de Derechos Humanos, las áreas de internamiento de Apatzingán, Zitácuaro, La Piedad, Jiquilpan, Huetamo, Coalcomán, y Lázaro Cárdenas, serán visitadas y supervisadas en las próximas fechas, a efecto de corregir y resarcir cualquier situación que pueda derivar en el incumplimiento de estos lineamientos.

Cabe destacar que las visitas se estarán realizando siguiendo protocolos de prevención ante la actual contingencia sanitaria por el COVID-19, a fin de evitar contagios durante el desarrollo de las mismas.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (MNPT) es la instancia encargada de la supervisión permanente y sistemática de los lugares de privación de la libertad en todo el territorio nacional, entre sus funciones están las de prevenir actos que atenten contra la integridad física y mental de las personas privadas de la libertad; promover el respeto de la legalidad; impulsar el mejoramiento de las condiciones de alojamiento y alimentación digna; y proteger la satisfacción de las necesidades de las personas con requerimientos específicos en lugares de detención.