Morelia Michoacán a 14 de abril de 2021.- Con el propósito de terminar con la confusión al momento de imponer investigaciones o sanciones a quienes hayan desviado recursos públicos o incurrido en algún acto de corrupción en detrimento de las finanzas públicas, el diputado Salvador Arbizu Cisneros propuso reformar la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado.
Ante el pleno del Congreso local, argumentó que pese a los esfuerzos por legislar en la materia, tanto a nivel nacional, como estatal y estar tipificados los delitos derivados de actos corruptos, “es necesario contar con un marco legal efectivo y que se aplique conjuntamente con políticas públicas que lo sustenten y promuevan”, sobre todo, “en materia de transparencia y rendición de cuentas”.
Recordó que las instituciones gubernamentales son “las principales encargadas del ejercicio de los recursos públicos y al no cumplir con la norma que las regula y, por ende contar con un marco jurídico que evite cualquier desvío de recursos o la debida transparencia de los mismos, deben implementarse medidas que impidan, prevengan y detecten actos de corrupción”, los cuales en muchas ocasiones “quedan en completa impunidad y sin el resarcimiento del daño a las haciendas públicas en los tres órdenes de gobierno”.
Actualmente, contextualizó, la Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del Estado, en su artículo 3, define “La Unidad”, haciendo referencia a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión y en el resto del cuerpo normativo dispone sobre facultades y atribuciones de la Unidad General de Asuntos Jurídicos.
Por lo que al referirse el Artículo 26 a La Unidad, continuó, “se cae en una confusión, puesto que no se logra precisar e interpretar si se refiere a la Unidad de Evaluación y Control de la Comisión o a la Unidad General de Asuntos Jurídicos, lo cual podría llevar al operador del sistema jurídico o a la misma fiscalía, en determinado momento, a estar en la imposibilidad de imponer investigaciones o sanciones debido a la confusión antes mencionada”.
El legislador puntualizó que para la debida aplicación de la norma “es imperativamente indispensable que la Ley sea puntual, clara, precisa y de fácil entendimiento del ciudadano a quien va dirigida, evitando confusiones y una mala interpretación del operador del sistema jurídico”.
Detalló que la reforma “se refiere a uno de los cuerpos normativos que nos rigen y que debemos observar con base en el mandato que los michoacanos nos dieron, se hace preciso reiterar lo que ya sabemos, si bien la función principal de un legislador es precisamente hacer leyes o ajustar las normas existentes; importante también es la función de vigilancia y control presupuestal de este Congreso, que deviene precisamente en el equilibrio entre poderes”.
Al final, exhortó a sus compañeros legisladores a “prestarle atención a esta Iniciativa” y solicitó a la Comisión a la cual fue turnada para su dictamen “una pronta resolución” porque “en estos tiempos es vital la transparencia y la rendición de cuentas”.