Morelia Michoacán a 20 de octubre de 2026.- Necesario que quien asume todos los riesgos de la producción tenga la garantía de saber cuándo y cuánto le van a pagar.
La iniciativa da prioridad a las mujeres rurales y a los pequeños y medianos productores, con asesoría gratuita para la firma de contratos.
Quien produce los alimentos que llegan a nuestras mesas merece condiciones justas y equitativas para comercializar sus productos, aseveró Poncho Chávez, diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN), al presentar en tribuna una iniciativa de reforma al artículo 59 de la Ley de Desarrollo Rural Integral Sustentable del Estado de Michoacán de Ocampo.
Explicó que, de acuerdo con el Censo Agropecuario del INEGI, en la entidad existen más de 228 mil unidades de producción agropecuaria, de las cuales el 70.5% corresponde a pequeños productores que trabajan en parcelas de hasta cinco hectáreas, lo que representa a más de un millón 300 mil michoacanas y michoacanos que entregan su esfuerzo a la tierra todos los días.
“En el campo michoacano, producir más, no ha significado ganar más. Durante décadas, las políticas públicas se han centrado en apoyar la siembra y la cosecha: fertilizantes, semillas, riego, maquinaria, pero hemos dejado en el olvido la etapa más crítica para la economía del productor: la comercialización”.
El legislador panista advirtió que el productor invierte meses de trabajo, se endeuda y arriesga su patrimonio, pero al llegar la cosecha no tiene un comprador asegurado ni conoce las condiciones reales del mercado. Al tratarse de productos perecederos, la urgencia de vender lo obliga a aceptar precios injustos, acuerdos de palabra ambiguos o condiciones impuestas por intermediarios.
Chávez Andrade destacó que el propio INEGI señala la intermediación ventajosa y la caída de precios como algunos de los principales obstáculos de las familias rurales.
“No se trata de criminalizar la intermediación ni de erradicarla, pues cumple una función en la cadena productiva; se trata de acabar con la indefensión jurídica y la falta de certeza en la que operan nuestros campesinos”.
Subrayó que Michoacán es líder en la producción de aguacate, limón, caña, fresa, guayaba y zarzamora, con más de 3.8 millones de toneladas al año, por lo que el desarrollo rural no puede medirse solo en producción.
“El desarrollo rural no puede medirse únicamente en toneladas producidas; tiene que medirse en la calidad de vida de quienes trabajan el campo”.
Detalló que la propuesta establece que los contratos y convenios de comercialización celebrados de manera anticipada a las siembras contengan, por lo menos, la identificación clara de las partes; un precio pactado, respetando la libre voluntad de las partes y las variaciones del mercado; la fecha, lugar y condiciones de entrega; y el plazo y mecanismo garantizado para efectuar el pago.
Asimismo, la reforma instruye a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural a brindar orientación y asistencia técnica gratuita para la firma de estos acuerdos, con prioridad para las mujeres rurales, así como para los pequeños y medianos productores.
Puntualizó que la iniciativa no fija precios artificiales, no obliga a nadie a comprar o vender en contra de su voluntad y no requiere nueva burocracia, fideicomisos ni recursos presupuestales adicionales.