Morelia Michoacán a 26 de agosto de 2019.-La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) a nivel estatal y la Policía de Morelia a nivel local, se encuentran entre las corporaciones que mayor número de quejas tienen por violación a los derechos fundamentales de las personas por lo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) hizo un llamado urgente al gobierno de la capital michoacana y a sus funcionarios para que cesen los abusos de sus elementos policiales en contra de los ciudadanos.
Y es que según estadísticas de la institución encargada de velar por los derechos humanos de los michoacanos, en este año son 33 las quejas que se han recibido en contra de la Policial de Morelia entre las que se incluye la recién presentada por una trabajadora de los medios de comunicación apenas hace unos días quien consideró que sus derechos fueron violentados por los uniformados.
A nivel estatal, lideran la lista la Secretaría de Seguridad Pública, seguida de la Fiscalia General de Michoacán y luego la Secretaría de Educación en en Estado, como las autoridades que más quejas en contra presentan con 334, 285 y 227 respectivamente.
Mientras que en cuanto a los Municipios, la CEDH reportó que el Ayuntamiento de Morelia encabeza la lista con un total de 61 quejas desde enero hasta julio, seguido del Ayuntamiento de Zitácuaro con 54 quejas y después, está el Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas con un total de 34 quejas en su contra.
Así, en los primeros siete meses de este 2019, la institución estatal ha recibido y atendido mil 962 asuntos de los cuales, mil 348 son quejas, 378 orientaciones y 236 casos se han canalizado a las instancias respectivas para su debida atención donde Morelia, también lidera la cuenta con 550 asuntos, le sigue Lázaro Cárdenas con 380 y en tercer lugar, está el municipio de Zamora con 300 asuntos recibidos en su contra.
Finalmente la Comisión Estatal recordó a los policías de todos los niveles, que no deben olvidar al ejercer sus funciones y facultades, en todo momento respetar los derechos humanos de los ciudadanos sin despegar su actuar de la obligación que tienen de apegarse al orden jurídico, de cumplir sus funciones con absoluta imparcialidad, además de abstenerse de infringir, tolerar o permitir tratos o sanciones crueles, inhumanas o degradantes en contra de las personas.