A propuesta de la diputada Mayela Salas, solicitó al Ejecutivo del Estado sumarse al Acuerdo emitido por la Secretaría de Salud Federal para operar refugios y centros de atención a mujeres, sobre todo ante la emergencia sanitaria por el virus COVID-19
Morelia, Michoacán a 27 de mayo de 2020. Tras reconocer la urgencia de atender y acompañar a las mujeres que han sido víctimas de violencia, especialmente las víctimas que durante esta época de cuarentena ante la pandemia han sido atacadas por personas de su entorno familiar, el Pleno del Congreso michoacano, exhortó al Titular del Poder Ejecutivo del Estado para que la brevedad, implemente, habilite y ponga en operación los refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, así como para sus hijos e hijas, en cada uno de los 113 municipios del estado.
Así, una propuesta de la diputada Mayela del Carmen Salas Sáenz, grabó el pasado 31 de marzo, en el Diario Oficial de la Federación, publicó el Acuerdo de la Secretaría de Salud que establece como actividad esencial durante la emergencia sanitaria provocada por el virus SARS -CoV2 (COVID-19), la operación de refugios y centros de atención a mujeres víctimas de violencia, así como a sus hijas e hijos.
Además, conmina a los gobiernos de las entidades federativas y municipios del país a que, en el ámbito de sus respectivas competencias y capacidades presupuestarias, técnicas y operativas, en la emergencia sanitaria sanitaria y además, garantizamos el buen funcionamiento y operación de refugios y centros de atención antes determinada.
A la vez, de manera conjunta y coordinada, entidades y municipios, establecimiento de espacios para toda aquella mujer que sea víctima de violencia familiar, brindándole protección física, atención psicológica y jurídica, garantizando en todo momento su salud.
Por lo expuesto, los diputados de la 74 Legislatura se sumaron a este exhorto y pidieron al Ejecutivo del Estado que a la brevedad, se habilitaron y abrieron aquellos refugios y centros de atención para toda aquella mujer o persona vulnerable que sea víctima de violencia familiar, brindándole protección física, atención psicológica y jurídica, garantizando en todo momento su salud, derivado del contexto de la emergencia sanitaria por COVID-19.