La iniciativa busca reconocer como sujetos de atención prioritaria a quienes han perdido a su madre o tutor por feminicidio u otros hechos violentos.
Morelia, Michoacán a 30 de abril de 2024.- En el marco de sus actividades legislativas, la diputada del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Sandra Arreola Ruiz, presentó ante el pleno una iniciativa con proyecto de decreto para adicionar la fracción XV al artículo 5 de la Ley de Asistencia Social del Estado de Michoacán de Ocampo, con el objetivo de incorporar de manera expresa a las niñas, niños, adolescentes y jóvenes en situación de orfandad por violencia como grupo prioritario de atención por parte del Estado.
La legisladora subrayó que, si bien la violencia en el país y en Michoacán suele medirse a través de cifras de homicidios y procesos penales, poco se ha legislado sobre las secuelas silenciosas que quedan en el hogar tras el precinto policial. “Cuando la violencia arrebata a una madre o a un tutor principal, el daño no es solo jurídico o emocional; es un golpe estructural que condena a las siguientes generaciones a la pobreza y a la falta de oportunidades”, afirmó Arreola Ruiz.
La diputada señaló que, en la mayoría de los casos de feminicidio en Michoacán, las víctimas eran mujeres jefas de familia, principal sustento económico y guía afectiva de sus hijos. Además, al ocurrir el crimen en el ámbito familiar frecuentemente con el padre como agresor, los menores pierden a ambos progenitores: a la madre por la violencia y al padre por el proceso penal. Quedan entonces bajo el cuidado de abuelos o tíos que, pese a su voluntad, carecen de recursos suficientes.
“Sin la intervención estatal, el destino de estos jóvenes se trunca prematuramente, empujándolos al mercado laboral informal o, en el peor de los casos, a ser captados por la criminalidad. El Estado debe dejar de ser reactivo y convertirse en un escudo proactivo”, enfatizó.
El punto nodal de la reforma es el reconocimiento de que la vulnerabilidad no desaparece al cumplir los 18 años. Por ello, la iniciativa contempla que los beneficios de asistencia social —como becas y apoyos preferentes— se extiendan hasta los 25 años, garantizando que los jóvenes puedan continuar su educación superior o formación profesional.
“La mayoría de edad no borra el trauma ni llena la cuenta bancaria para pagar una universidad. Con esta propuesta creamos un ‘seguro de vida educativa’ que asegura que la violencia no gane la batalla por el futuro de nuestros jóvenes. Queremos que el Estado michoacano les diga: ‘Tu proyecto de vida no terminó con la tragedia; tu esfuerzo académico es el pasaporte hacia tu libertad y nosotros vamos a resguardar ese camino’”, expresó Arreola Ruiz.
La iniciativa establece que, para mantener los apoyos, los beneficiarios deberán acreditar que se encuentran cursando estudios y no tener vínculo matrimonial, asegurando que los recursos se destinen a fortalecer su autonomía personal y profesional.
“No es una simple asistencia; es una inversión en la paz duradera. Un joven con título profesional es un ciudadano que ha logrado romper las cadenas de la violencia sistémica. Estamos legislando para que el acceso a la justicia no termine en una sentencia condenatoria contra el agresor, sino en una cédula profesional para la víctima indirecta”, concluyó la diputada.