Morelia Michoacán a 8 de abril de 2024.- Recordó que los programas sociales son derechos establecidos por Ley, por lo que no pueden ser condicionados por las autoridades a cambio del voto
Es necesaria una mayor supervisión y control para poner un alto al uso electoral de los programas sociales, pues son múltiples las voces que señalan un indebido uso por parte de las autoridades de éstos, apuntó la diputada Julieta Gallardo Mora, integrante del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXV Legislatura del Congreso del Estado.
La diputada por el Distrito de Puruándiro recordó que los programas sociales son derechos establecidos por Ley, por lo que no pueden ser condicionados por las autoridades a cambio del voto, o amenazar a los beneficiarios mintiéndoles acerca de que éstos serán suspendidos de no ganar el partido en el poder.
“Frente al reto que representa para nuestro país la que se ha calificado como la elección más grande de la historia, toda autoridad y servidor público debe ajustarse a lo que establece la norma electoral y evitar un manejo irregular de los recursos públicos”.
Julieta Gallardo señaló que si bien los programas sociales no se suspenden en época electoral, las autoridades federales deben ser escrupulosas para no incurrir en desviaciones que afecten el proceso, acatando las reglas del juego comicial.
“Es importante que las y los legisladores, los actores políticos y la sociedad en general coadyuven a vigilar que los recursos públicos no sean utilizados con fines ajenos a los que establece la normativa de los programas”.
Para la legisladora no está demás considerar mecanismos adicionales a los que establece la norma con los que se blinden de manera más sólida los programas sociales y el manejo de los recursos públicos, como ejemplo puso los pactos de civilidad que firman autoridades y partidos como en procesos electorales pasados se suscribieron en Michoacán.
“Frente a las condiciones de adversidad económica por la que atraviesa nuestro país, se precisa la conjunción de esfuerzos y de voluntades para reconstruir el ejercicio público mediante prácticas que garanticen la transparencia y el buen uso de los recursos públicos”.