CD MEX a 25 de julio de 2017.-El día de hoy, con la representación de la Coalición “Por un Coahuila Seguro”, el Partido Revolucionario Institucional presentará –en tiempo y forma– un importante recurso de impugnación.
Estaremos impugnando el dictamen del Consejo General del INE sobre los informes de gastos de campaña, relativos a las elecciones realizadas en el estado de Coahuila el pasado 4 de junio.
En esta demanda legal respondemos puntualmente a todos y cada uno de los hechos que indebidamente se nos imputan.
En primer lugar, hay algo sumamente grave que pone en entredicho el proceso de fiscalización que llevó a cabo el INE en las pasadas semanas: el INE aplicó las reglas equivocadas.
Esta situación es tan delicada que estaría dejando sin efecto todas las resoluciones que la autoridad correspondiente tomó en materia de fiscalización.
La determinación del INE, en la que se resuelve que hubo rebase de topes de gastos de campaña, es a todas luces ilegal, porque se sustentó en una norma que no está vigente.
En efecto, los artículos 46 bis, párrafo 2, y 143, párrafo 1, inciso d), son producto de reformas o adiciones al Reglamento de Fiscalización. Sin embargo, éstas nunca fueron publicadas en el Diario Oficial de la Federación para su entrada en vigor, ni fueron notificadas a los partidos políticos.
La falta de publicación de la norma convierte en ilegal –reitero– todo el proceso de fiscalización llevado a cabo por el Instituto Nacional Electoral.
Como ustedes saben, toda norma jurídica tiene un proceso que va desde su presentación, discusión, aprobación, publicación y entrada en vigor.
Tan es así que en la redacción de las reformas al Reglamento se incluye la leyenda: “publíquese en el Diario Oficial de Federación”. Con ello, las nuevas reglas quedarían promulgadas, producirían efectos ante terceros y se daría certeza sobre su contenido. El problema es que el INE omitió esta importante parte del proceso.
Además de este descomunal error, existen otras inconsistencias graves que igualmente señalamos en nuestro recurso ante el Tribunal Electoral, por ejemplo:No se cumplieron los plazos establecidos en la Ley para el proceso de fiscalización.
No se garantizó el derecho de audiencia que nos corresponde conforme a la Ley.
No se cumplió el principio de certeza, debido a la cantidad de modificaciones que sufrió el dictamen de la Unidad de Fiscalización.
Lo vamos a reiterar una y otra vez: nuestro candidato Miguel Riquelme, gobernador electo de Coahuila, no rebasó los topes de campaña. Recordemos la sesión del pasado 14 de julio y, con argucias como el “reloj legislativo”, concluyó el lunes 17.
En los últimos minutos y cuando nuestro representante del PRI en el INE ya no tenía oportunidad de intervenir en la sesión, algunos consejeros se sacaron de la manga supuestos gastos no reportados por cerca de 600 mil pesos.
Pero sucede que estas erogaciones sí fueron reportadas en tiempo y forma dentro del proceso de fiscalización de nuestra campaña a gobernador de Coahuila. Este dato es importante porque el supuesto rebase de topes de campaña es precisamente por esa cantidad.
Es decir, poniendo en duda esa cantidad de cerca de 600 mil pesos, quedaría puntualmente acreditado que no hubo rebase en los topes de campaña de parte de nuestro candidato y gobernador electo Miguel Riquelme.
Muchas son las fallas del INE en el proceso de fiscalización y se resumen en falta de certeza, de legalidad, de objetividad y de imparcialidad. Su actuación dejó en estado de indefensión a partidos, candidatos y ciudadanos.
Si bien los errores y omisiones procedimentales en que incurrió el INE son sumamente graves, el PRI es un instituto político responsable.
Presentaremos –ante la autoridad jurisdiccional en la materia– todas las evidencias de que nuestro candidato y gobernador electo no rebasó los topes de campaña.
Confiamos plenamente en que la autoridad jurisdiccional-electoral pondrá orden en donde el INE dejó un desorden.
Confiamos en que las magistradas y los magistrados harán su trabajo con rigor legal y en que se corregirá todo lo que el INE ha hecho mal en la fiscalización electoral en el estado de Coahuila.