Morelia, Michoacán a 1 de agosto de 2021.- Únicamente 8 psicólogos federales se encuentran adscritos y radicados en Michoacán.
La cifra ubica a la entidad en el último lugar a nivel nacional con respecto al número de psicólogos contratados de manera permanente en todo el país.
A pesar de la cada vez más necesaria y urgente atención a la salud mental de la población, el gobierno federal tiene otras prioridades. No se considera la urgencia derivada de los efectos de la pandemia y la violencia generalizada que se vive en el país y en el estado, negando la importancia de la salud mental y erradicar la violencia que viene heredando de administración en administración.
Información oficial de la Secretaría de Salud del gobierno de México, muestra que dicha instancia únicamente ha contratado a 8 profesionales de la salud mental para la entidad, lo que implica que por cada 600 mil michoacanos hay un psicólogo federal, ya que la población total del estado asciende a 4 millones 748 mil 846 habitantes, según el Censo de Población y Vivienda 2020 del INEGI.
Para poner en perspectiva tal cifra, debemos considerar la medición que en 2017 llevó a cabo la Organización Panamericana de la Salud, donde estableció que en Latinoamérica existen 10 trabajadores de la salud mental por cada 100 mil habitantes; lo anterior da cuenta del rezago en el que se encuentra nuestro estado en comparación con otros paises tercermundistas.
Las y los 8 psicólogos de carácter federal tienen su radicación laboral en tan solo 4 centros de todo el Estado: 2 en el Centro Primario de Adicciones de Zitácuaro; 2 más en el Centro Nueva Vida Lázaro Cárdenas; el Departamento de Salud Mental cuenta con dos psicólogos; y por último, en la Jurisdicción Sanitaria 5 de Uruapan se encuentran 2 más.
En los 335 Centros de Salud en la entidad, no se encuentra ningún psicólogo federal que atienda los graves problemas mentales que enfrentan miles de niñas, niños y adolescentes, mujeres y sus familias. Esta es una muestra del abandono a las políticas públicas de atención de las adicciones, a la prevención del suicidio, la depresión y la ansiedad, entre otros padecimientos.
Ello, aunado a otros factores, ha generado altos índices de violencia social y múltiples problemas de seguridad. Michoacán requiere la reconstrucción del tejido social con políticas públicas de salud mental, así como la atención de las víctimas de hechos violentos con servicios especializados en el ámbito.
La entidad padece una fuerte crisis sanitaria profundizada por lastres de la corrupción como la venta de plazas y el nepotismo al interior de la Secretaría de Salud, que a pesar de la urgente atención que exige la pandemia, rescindió el contrato a por lo menos 50 profesionales de la salud mental que se encontraban adscritos a diferentes centros de salud, precarizado aún más su endeble situación laboral y dejando sin atención a miles de mujeres y adolescentes víctimas de la violencia de género en toda la geografía estatal.
Este nivel de contratación genera daños irreversibles en la vida de miles de personas, ya que las Instituciones de salud no cuentan con personal calificado, con experiencia laboral, con conocimientos, capacitación y aptitud para atender a los grupos vulnerables.
Hacemos un llamado enérgico al presidente de México Andrés Manuel López Obrador y al gobernador electo del Estado de Michoacán Alfredo Ramírez Bedolla, a que hagan cumplir la ley y su palabra, una vez que prometieron atender la Salud Mental y federalizar la nómina de Salud del personal eventual y de contrato.
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