Por Roberto Carlos Guevara
Morelia, Michoacán a 17 de junio de 2025.– Después de 19 meses de conflicto legal, Marco Antonio Bravo Pantoja asumió nuevamente el cargo de Auditor Superior de Michoacán, en cumplimiento con una resolución emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que ordenó su restitución definitiva.
La ceremonia de toma de protesta se llevó a cabo este martes en el Congreso del Estado, donde Bravo Pantoja reafirmó su compromiso con la legalidad, la transparencia y la rendición de cuentas, al frente del máximo órgano de fiscalización en Michoacán, cargo que ocupará por un periodo de siete años.
Su regreso se da luego de un largo proceso de litigio derivado de una controversia constitucional en la que se impugnó su remoción, ocurrida en noviembre de 2023. La SCJN determinó que su destitución fue inconstitucional, por lo que ordenó su reinstalación inmediata en el cargo.
Durante el acto protocolario, el funcionario agradeció la confianza del Poder Judicial de la Federación y subrayó que su regreso no implica una revancha, sino una oportunidad para fortalecer el sistema de fiscalización en el estado. “Volvemos con respeto institucional, con ánimo de construir y con la firme convicción de cumplir con nuestra labor en favor de los michoacanos”, expresó.
Por su parte, diputados de distintas fracciones parlamentarias coincidieron en que, más allá de las diferencias políticas, debe prevalecer el respeto a la Constitución y a las decisiones del máximo tribunal del país. Aunque algunos legisladores manifestaron reservas, la mayoría acató la sentencia judicial como un acto obligado en un Estado de derecho.
Con su reinstalación, Bravo Pantoja retoma el control de la Auditoría Superior de Michoacán en un contexto complejo, marcado por exigencias sociales de mayor fiscalización, denuncias por posibles malos manejos en diversos municipios y llamados a reforzar la lucha contra la corrupción en los tres niveles de gobierno.
El periodo de siete años comenzará a contarse nuevamente desde la fecha en que rinde protesta, lo que extiende su mandato hasta el año 2032, salvo que ocurra una reforma legal o una nueva resolución judicial que determine lo contrario.
Esta decisión marca un precedente en el respeto a la autonomía de los órganos fiscalizadores y al debido proceso en la administración pública estatal.