Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacán a 26 de febrero de 2026.- El proceso interno del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Michoacán se encuentra nuevamente en el ojo del huracán, luego de que el aspirante Manolo García Paulín anunciara la impugnación formal de la dirigencia estatal encabezada por Guillermo Valencia, bajo el argumento de una presunta inelegibilidad y posibles irregularidades en el cumplimiento de los requisitos estatutarios.
El conflicto, que amenaza con profundizar la fractura interna del tricolor en la entidad, será llevado ante tribunales electorales estatales y, de ser necesario, ante salas regionales del ámbito federal, en un proceso que podría escalar jurídicamente en las próximas semanas.
Cuestionan legalidad y requisitos de elegibilidad
De acuerdo con García Paulín, la estrategia jurídica se sustenta en la revisión detallada de la documentación presentada por la fórmula que recientemente tomó protesta como dirigencia estatal.
Entre los principales señalamientos destaca el cuestionamiento sobre los antecedentes partidistas del actual presidente del PRI en Michoacán. Según el aspirante inconforme, en el formato F-3 —documento en el que se declara bajo protesta de decir verdad el cumplimiento de requisitos— se habría omitido información relevante.
El punto central de la controversia es que el dirigente señalado habría sido candidato por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), situación que, de confirmarse, podría contravenir los lineamientos internos del PRI en materia de militancia, lealtad partidista y elegibilidad para ocupar cargos de dirección.
“Estamos ante un proceso que debe apegarse estrictamente a la legalidad y a los estatutos del partido. No se puede hablar de unidad cuando existen dudas fundadas sobre el cumplimiento de los requisitos básicos”, habría expresado García Paulín al anunciar el inicio de las acciones legales.
Este nuevo episodio exhibe las tensiones internas que atraviesa el priismo michoacano, en un contexto donde el partido enfrenta retos electorales y una pérdida progresiva de presencia política en distintos municipios del estado.
La impugnación no sólo pone en entredicho la legitimidad de la dirigencia encabezada por Guillermo Valencia, sino que también abre la puerta a una revisión judicial que podría derivar en la nulidad del proceso interno, dependiendo del análisis que realicen las autoridades electorales.
Analistas políticos advierten que, más allá del resultado legal, el daño político ya está hecho: la disputa pública evidencia fracturas profundas y una lucha por el control del partido que podría debilitar aún más su posicionamiento rumbo a futuros procesos electorales.
García Paulín confirmó que el recurso será presentado ante las instancias correspondientes en Michoacán y que, de no obtener resolución favorable, recurrirá a las salas regionales federales.
El caso podría sentar un precedente importante sobre los criterios de elegibilidad y la interpretación de los estatutos partidistas, particularmente en lo referente a antecedentes de participación con otras fuerzas políticas.