Morelia, Michoacán, a 7 de abril de 2021.- En México no se puede permitir un caso más de abusos contra migrantes centroamericanos, y en Michoacán –uno de los estados de paso para estas personas en su camino hacia la frontera norte- por ley se tiene que garantizar el respeto pleno a sus derechos, subrayó la diputada local Lucila Martínez Manríquez.
Al manifestar su repudio al brutal asesinato de la migrante salvadoreña Victoria Salazar a manos de policías de Tulum, Quintana Roo, la legisladora perredista señaló que miles de centroamericanos se ven obligados a dejar sus países en busca de una mejor vida.
“La suya es una situación muy dolorosa, hemos visto a muchas personas de Centroamérica aquí en Morelia, en las inmediaciones de las vías del tren, pidiendo comida o algún apoyo económico para seguir su camino rumbo a Estados Unidos”, comentó.
Al respecto, Lucila Martínez recordó que impulsó una reforma a la Ley para la Atención y Protección de los Migrantes y sus Familias, que fue aprobada por el pleno del Congreso del Estado.
Con esta iniciativa, explicó, se amplían los derechos humanos de las y los migrantes, quienes ahora pueden contar con un intérprete o traductor en los procesos legales cuando ellos lo requieran.
También establece que las autoridades deben garantizar que no se cometan abusos contra este sector y que fortalezcan la protección de las y los niños migrantes y salvaguardar su integridad y seguridad.
De igual manera, mediante esta reforma se apoya y brinda acompañamiento en trámites legales en caso de repatriación, en los casos en los que un migrante necesite servicios médicos y no cuente con los recursos necesarios para su tratamiento en su lugar de radicación, o en casos de fallecimiento.
También se ampliaron las atribuciones de la Secretaría del Migrante con el propósito de promover acciones, como brindar asesoría y acompañamiento a los migrantes para que en el caso de que funcionarios y/o servidores públicos cometan cualquier tipo de abusos en su contra puedan ser denunciados y castigados.
Se estipula además que el Estado y los municipios garanticen la integridad y el respeto a los derechos humanos de las personas extranjeras identificadas como víctimas de delitos, y que sea prioritaria la protección de niñas, niños y adolescentes migrantes que no estén acompañados de algún adulto.