Morelia Michoacán a 30 de marzo 2020.-Un exhorto a las autoridades de los 112 ayuntamientos y el Concejo Mayor de Gobierno Comunal de Cherán, para que dentro de sus competencias implementan acciones concretas para la atención de las mujeres víctimas de violencia, en el marco de la contingencia por el Covid-19 y de manera permanente, hizo la diputada presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en la LXXIV Legislatura en el Congreso del Estado, Lucila Martínez Manríquez.
Ante los pronósticos sobre que, derivado del aislamiento por la contingencia del coronavirus, podría incrementar los casos de violencia intrafamiliar, la legisladora llamó a las autoridades locales a estar pendiente de ese tipo de circunstancias y a que establezcan coordinación con los diferentes elementos de seguridad, a efecto de que se proporcionen las medidas de protección que en algún momento determinado pudieran requerir las víctimas.
“Hay tres autoridades que son de acuerdo a la misma Ley, las que pueden otorgar medidas de protección, que son las autoridades municipales, la Fiscalía General del Estado, y el Poder Judicial, por lo que es necesario que en los ayuntamientos locales siempre estén activos los protocolos de protección como lo hacen las otras instancias, a fin de brindar una atención oportuna”.
Lucila Martínez refirió que es importante que las autoridades municipales que el primer contacto con la sociedad y con las víctimas, estén al pendiente de este tipo de requerimientos, para que proporcionen medidas de protección de manera oportuna.
“Cuando la mujer es víctima del delito, basta con solicitar la medida de protección a la autoridad municipal y ésta está obligada a proporcionarla independientemente de que presente denuncia, por lo que en medio de la contingencia es fundamental que las víctimas denuncien cualquier abuso y de igual manera los familiares, vecinos o amigos que sepan de la situación”.
La legisladora reconoció que dicha obligación que tiene la autoridad municipal, lamentablemente pocas veces la proporcionan, pareciera que dejan esa responsabilidad a las autoridades de justicia y del Poder Judicial, por lo que es apremiante que en la contingencia y los 365 días del año atiendan su encomienda y brinden una atención oportuna y eficaz a las víctimas de violencia y grupos vulnerables.