Morelia Michoacán a 2 de junio de 2023.-Todas las obras de infraestructura en todos sus ámbitos deben realizarse en los términos del concepto de “infraestructura transformadora”, que pondera garantizar los derechos humanos por encima de la ganancia, así lo dijo, el Presidente de la Comisión de Infraestructura de la Cámara de Diputados, diputado Reginaldo Sandoval Flores.
Esto quiere decir que, la infraestructura transformadora, como derecho humano y bien público, está formada por capas de componentes, sistemas y redes intermodales, interoperarias, interdependientes e interconectadas entre sí que contribuyen al bienestar público a partir del crecimiento y desarrollo económico, ventaja competitiva impulsada por el incremento de la productividad, que movilizan tecnología, mecanismos de mercado, regulaciones e innovaciones para resolver complejos problemas sociales y que brindan servicios esenciales para la población, procurando un desarrollo equitativo, incluyente, transparente y sostenible, a partir de estructuras fiables, resilientes, eficientes y de calidad para gozar de una vida digna en igualdad de condiciones.
Por lo que, el legislador federal recomendó que la infraestructura proyectada a partir de la instalación de la Cuarta Transformación, debe realizarse bajo esta definición, ya que, lo que se pondera es el bienestar de las personas, del medio ambiente, que sea resiliente e inclusiva, al mismo tiempo que se equilibra con la ganancia de los constructores.
Realzó que la gobernanza de la infraestructura debe tener planeación y ordenamiento, se debe empleo y contratación, un estudio de afectación al desarrollo humano, así como el impacto al medio ambiente, tener en cuenta el reasentamiento, la industrialización acelerada y evitar aceptar una deficiente planeación y, por consiguiente, un ordenamiento territorial defectuoso.
Finalmente Sandoval Flores, recordó que el gobierno federal tiene aprobados para ejercer en 2023 1 billón 189 mil 739 millones 635 mil 153 pesos, que se destinarán a gasto de inversión. Lo que se traduce en un fortalecimiento a la integración y vinculación de visiones y de políticas públicas que derivan de diversas instituciones, agentes, actores y representantes de la sociedad civil, a fin de gestionar los conflictos asociados a la construcción y mantenimiento de nueva infraestructura.