Por Roberto Carlos Guevara
El diputado federal morenista condenó el uso de la calumnia y la difamación como herramientas para eliminar adversarios políticos; calificó de “canallada” lo ocurrido contra el senador Raúl Morón y llamó a privilegiar la competencia democrática basada en propuestas y proyectos de nación.
Morelia, Michoacán a 19 de octubre de 2026.– El diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, lanzó un llamado a frenar las campañas de descalificación y lo que consideró el uso de acusaciones falsas con fines políticos, al advertir que estas prácticas pueden convertirse en un mecanismo para debilitar a los adversarios y afectar la competencia democrática en México.
Durante sus declaraciones, el legislador hizo referencia al caso del senador morenista Raúl Morón Orozco, a quien consideró víctima de una campaña de desprestigio. Godoy calificó lo sucedido como una “canallada” y sostuvo que este tipo de prácticas deben ser condenadas, particularmente dentro de un movimiento político que se identifica con los principios de la izquierda.
El diputado federal afirmó que, desde su perspectiva, las resoluciones emitidas por las autoridades jurisdiccionales en el ámbito estatal y en las instancias correspondientes a los recursos promovidos en este caso han contribuido a frenar los señalamientos que, dijo, se utilizaron con propósitos políticos.
“Ese uso de esa tragedia, de Carlos Manzo, va a ser con esto, a mi juicio, detenida”, expresó Godoy Rangel, al referirse a la utilización política de los acontecimientos relacionados con el exalcalde de Uruapan, aunque sus declaraciones no sustituyen una revisión independiente de los expedientes y resoluciones a los que hizo referencia.
En su posicionamiento, Leonel Godoy retomó el concepto de lawfare, utilizado para describir el presunto empleo estratégico de procedimientos legales con fines políticos, y lo relacionó con una metodología que, según explicó, consiste en formular acusaciones contra una persona y después construir una narrativa pública para desacreditarla.
El legislador comparó este mecanismo con lo que denominó el “método serimedo”, expresión que aparece en la transcripción de sus declaraciones y cuya referencia exacta no pudo establecerse con claridad.
De acuerdo con su explicación, la estrategia comenzaría con señalamientos que considera falsos y posteriormente se extendería mediante campañas mediáticas y políticas destinadas a deteriorar la imagen pública de una persona hasta limitar sus posibilidades de participación.
Godoy sostuvo que Morena debe evitar que ese tipo de prácticas se normalicen dentro de la vida política nacional, al considerar que la competencia entre partidos y aspirantes debe desarrollarse con argumentos, propuestas y proyectos, y no mediante acusaciones que, desde su perspectiva, busquen desacreditar a los contendientes.
“Eso no puede ocurrir y menos en un partido de izquierda como es Morena”, manifestó, al insistir en que su movimiento debe rechazar cualquier mecanismo que considere contrario a la democracia.
Sus declaraciones colocan nuevamente sobre la mesa el debate acerca de los límites entre la crítica política, las denuncias legítimas y las campañas de desinformación, así como la importancia de que las acusaciones se examinen mediante procedimientos legales y con base en pruebas.
El diputado federal advirtió que las consecuencias de permitir campañas de desprestigio no se limitarían a una persona o a una coyuntura política específica, sino que podrían extenderse a otros actores y procesos electorales.
En ese sentido, señaló que Morena debe tomar en cuenta los antecedentes que, a su juicio, han perjudicado a integrantes de su movimiento, con el objetivo de impedir que mecanismos similares se utilicen contra sus aspirantes en los próximos años.
“Así como nos lo aplicaron a nosotros en Michoacán, se lo van a aplicar a Morena en la elección del 2027 y en la del 2030”, expresó.
Con esta advertencia, Godoy vinculó la controversia en torno a Raúl Morón con los futuros procesos electorales, particularmente los de 2027 y 2030, periodos en los que los partidos políticos volverán a disputar espacios de representación y cargos de elección popular.
El legislador consideró necesario condenar de manera anticipada cualquier práctica basada en la calumnia o la difamación que tenga como propósito afectar la trayectoria de quienes busquen participar en la vida pública.
No obstante, la existencia de una campaña de desprestigio o de acusaciones falsas debe establecerse a partir de hechos verificables, documentación y resoluciones correspondientes, por lo que los señalamientos del diputado representan su postura política sobre el caso.
Durante su intervención, Godoy Rangel también hizo referencia a la trayectoria electoral de la izquierda mexicana y al proceso que llevó a Andrés Manuel López Obrador a la Presidencia de la República en 2018.
El diputado recordó las derrotas electorales de López Obrador en 2006 y 2012, y sostuvo que, desde su perspectiva, las experiencias anteriores estuvieron marcadas por condiciones que perjudicaron a su movimiento.
Al referirse a 2006, reiteró su postura de que aquella elección estuvo marcada por un fraude electoral. Esa afirmación corresponde a su interpretación política de los acontecimientos; la controversia histórica en torno a ese proceso debe distinguirse de los resultados y las determinaciones oficiales emitidas en su momento.
Godoy señaló que el triunfo de López Obrador en 2018 fue resultado de una trayectoria política construida durante años, en la que la izquierda consiguió ampliar su respaldo mediante una propuesta nacional.
A partir de ese antecedente, insistió en que las fuerzas políticas deben competir con proyectos de gobierno y planteamientos dirigidos a la ciudadanía, en lugar de recurrir a estrategias que busquen impedir la participación de sus adversarios.
Para el legislador, la legitimidad de un movimiento político debe sostenerse en su capacidad para convencer a los ciudadanos, presentar alternativas y obtener el respaldo popular en las urnas.
En otro momento de sus declaraciones, el diputado federal hizo referencia a la situación política de Brasil y al desempeño del presidente Luiz Inácio Lula da Silva en un debate electoral, al manifestar su expectativa de que ese desempeño tuviera repercusiones favorables en la elección del domingo al que aludió.
Godoy utilizó el ejemplo brasileño para reiterar su planteamiento de que las distintas corrientes ideológicas deben tener derecho a competir por el poder, siempre que lo hagan dentro de las reglas democráticas.
“Todos tienen derecho, tenemos derecho a ganar, pero tiene que ser democrática”, expresó, al defender una competencia política en la que las propuestas, los programas y los proyectos de nación ocupen un lugar central.
El legislador sostuvo que la izquierda debe mantener una posición firme frente a las prácticas que considera destinadas a desacreditar a sus representantes, sin abandonar los principios de participación democrática que han caracterizado su discurso político.
Su mensaje también planteó un desafío para los partidos: diferenciar las denuncias sustentadas y la crítica pública de aquellas acusaciones que pudieran utilizarse sin pruebas para afectar la reputación de una persona.
Al concluir su posicionamiento, Leonel Godoy reiteró sus críticas a lo ocurrido con Raúl Morón y calificó de “canallada” el trato que, a su juicio, recibió el senador.
El diputado insistió en que los integrantes de Morena deben rechazar la calumnia, la difamación y cualquier estrategia que pretenda sustituir la competencia política por campañas de desprestigio.
Su postura refleja la preocupación de un sector del morenismo por la manera en que se desarrollan las disputas internas y externas, particularmente cuando se aproximan nuevos procesos electorales y comienzan a definirse liderazgos y aspiraciones políticas.
De cara a 2027 y 2030, Godoy planteó que la defensa de la democracia debe incluir tanto el respeto a las reglas electorales como el rechazo a las prácticas que, según su interpretación, buscan eliminar políticamente a determinados contendientes.
El diputado federal cerró su argumento con un llamado a impedir que la calumnia y la difamación se conviertan en instrumentos habituales de la disputa política, al considerar que los ciudadanos deben tener la posibilidad de evaluar a sus representantes y aspirantes a partir de sus propuestas, trayectorias y resultados.