Por Sergio Lemus
Morelia Michoacán a 14 de octubre de 2024.- Por tómbola oficialmente se ha iniciado el despido de 712 de magistraturas y jueces de circuito en este país, en el cual se renovará con elección popular, luego de que así lo determinó el Senado de la República, donde la elección de los juzgadores no será ampliamente democrática y no podrán aparecer aquellos que aspiran a ser registrados.
La reforma judicial constitucional y reformas secundarias se hizo bajo las “rodillas” sin que se leyera ni midiera los impactos sociales, políticos y económicos que a futuro tendrá para el país.
El Consejo de la Judicatura Federal notificó al Senado de la República un total de 927 magistraturas de circuito, por lo que la mitad de ese total corresponde a 464 plazas que se elegirán en junio de 2025 y el resto en 2027.
De esta cifra, un dato importante son que 144 cargos están vacantes y se integraron de manera directa para la elección extraordinaria de 2025 para magistradas y magistrados de circuito.
Esta última cifra es el fenómeno de solicitar jubilaciones y pensiones de forma anticipada ante la nula posibilidad quedarse con su cargo de juzgador, ya que no desean participar en elecciones previstas en los siguientes años, además de garantizar su protección patrimonial, derivado de que se avizora que muchos de los actuales juzgadores no tienen esperanza de ganar elecciones de juzgadores porque no son cercanos al poder público o a los partidos aliados para poder ser elegidos.
Las reformas a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LEGIPE), así como los medios de impugnación, establecen el procedimiento de participar y de las etapas de renovación de los cargos del poder judicial, sin embargo, los tres Poderes deberán de recortar las listas y no cualquier abogado, litigante o servidor público con carrera judicial podrá participar, mucho menos cualquier abogado egresado como su momento comentó el anterior presidente que podrían llegar a estas magistraturas del Poder Judicial.
El artículo 500 de la recién reformada de la LGIPE establece que “Cada Poder de la Unión instalará un Comité de Evaluación a través de los mecanismos que determinen dentro de los quince días naturales posteriores a la publicación de la convocatoria general que emita el Senado de la República. Los Comités emitirán las reglas para su funcionamiento. Podrán celebrar convenios con instituciones públicas que coadyuven en sus respectivos procesos y privilegiarán el uso de las tecnologías de la información para la recepción de solicitudes, evaluación y selección de postulaciones. Estarán conformados por cinco personas de reconocido prestigio en la actividad jurídica, quienes deberán reunir al menos los siguientes requisitos, observando la paridad de género: a) Contar con ciudadanía mexicana, en pleno goce de sus derechos civiles y políticos; b) No haber sido condenada por delito alguno, salvo que hubiese sido de carácter no intencional o imprudencial; c) Contar con título de licenciatura en derecho expedido legalmente, con antigüedad mínima de cinco años, y práctica profesional de por lo menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica”.
Prácticamente con estos requisitos se deja fuera la carrera judicial como mecanismos de que la persona cuenta con la preparación para llegar a estos cargos, lo cual una vez que se renueven todos estos espacios será derogar dicha carrera, lo que también es parte de la demolición del Poder Judicial de la Federación.
Una segunda etapa de la demolición es que el Senador de la República, cuya mayoría es parte del oficialismo, podrán nombrar y designar a quienes podrán ser candidatas y candidatos a magistrados, ministros o jueces, lo cual si se aplica el método de elección de estos partidos que fue por medio de designación de candidaturas como se ha hecho su sus procesos electivos a la elección de congresistas del Congreso de la Unión y de los congresos locales, queda claro que estos jueces tendrán simpatía partidista, lo cual la justicia se estaría partidizando.
Algo que llama la atención es que aquellos jueces que soliciten licencia o renuncien para participar deberán hacerlo con sus propios recursos, porque no se contempla financiamiento privado ni público para este proceso, lo cual hace que se ponga un nicho de financiamiento de los poderes fácticos a cualquiera de estos participantes. No podrán contratarse tiempos de radio y televisión para hacer propaganda política.
De lo anterior, existe un riesgo tremendo de que se instalen casillas en zonas de riesgo, con el que podría inmiscuirse la delincuencia organizada para elegir a sus candidatas y candidatos de preferencia, a sabiendas de que los próximos juzgadores podrían liberar o absolver a personas con presuntos delitos de delincuencia organizada, narcotráfico o delitos de alto impacto.
Ayer en la red Twitter, algunos jueces de circuito se han despedido porque no piensan competir en la elección, por lo que saben conscientes que 2025 será su último año laboral, cuando ni siquiera llegaron por “padrinazgo”, vínculos políticos con alguien, tampoco son producto de haber entregado dinero para llegar a donde se desempeñaron.
La realidad es que ahora México pasará a ser un país donde se ha perdido el orden constitucional y este tipo de elecciones podrá en riesgo el Estado de Derecho, que en vez de mejorar la justicia la va a empeorar, además del riesgo de que el Poder Judicial pierda independencia y se elimine la división de Poderes para someter a un último poder que resolvía a favor de los agravios y/o violaciones a las garantías de las y los ciudadanos.
Un tip. El magistrado Felipe Fuentes Barrera, actual magistrado del TEPJF, y quien se le prorrogó el mandato como magistrado electoral hasta el 2027, perdió la plaza como titular del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil, con sede en Toluca, que estaba ocupada por un interinato mientras él concluía su función en el Tribunal Electoral. ¿Qué sentimiento tendrá el magistrado Fuentes Barrera haberse entregado al oficialismo?
Tip dos. En diciembre vence el plazo de dos magistraturas en el Tribunal Electoral del Estado de Michoacán, por lo que el pleno quedará sin quorum al quedar solamente las magistradas Alma Bahena y Yurisha Andrade, y si se piensa hacer la elección local del Poder Judicial de Michoacán, la pegunta es ¿Quiénes resolverán los medios de impugnación en lo estatal o local si no hay quorum y no se ha establecido la elección de magistrados y magistradas para los tribunales electorales locales? ¿Las y los ciudadanos no tendrán un tribunal que los defienda ante anomalías e inconsistencias en las elecciones locales de jueces y magistrados?, la demolición de los poderes judiciales en los estados esta también va encaminada a dejar personas afines al oficialismo del gobierno estatal en turno.