Morelia, Michoacán; 23 de marzo de 2017. La Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) inició por oficio la queja MOR/172/2017 por la muerte de dos personas del sexo masculino, en diferentes circunstancias durante su traslado del lugar de detención hacia la puesta a disposición.
Desde que se conocieron los hechos este organismo abrió el expediente de queja al observar presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas en perjuicio de los detenidos, consistentes en violación al derecho a la vida, la seguridad personal, la legalidad y la seguridad jurídica atribuibles a personal de seguridad pública.
Para esta Comisión el parte oficial resulta inverosímil, poco creíble y pone en duda la actuación de la autoridad que tenía bajo su resguardo a los detenidos que fallecieron en condiciones confusas.
Ante estos hechos y por considerar que existen elementos que pudieran acreditar una evidente violación a los derechos humanos, así como a los protocolos de personas detenidas o puestas a disposición, la CEDH investigará a los servidores públicos a cargo, sus atribuciones y los procedimientos aplicados; así como a los mandos o funcionarios responsables de estas actuaciones.
Este organismo evaluará el parte médico y solicitará a las autoridades encargadas de la operación de las cámaras de seguridad el video del momento de los hechos, para evaluar las condiciones y circunstancias en que murieron los dos detenidos.
Por instrucción del presidente, Víctor Manuel Serrato Lozano, se agotarán todos los recursos que la ley le faculta, para que, de comprobarse ilegalidades en las actuaciones realizadas, los servidores públicos involucrados en los hechos atiendan las responsabilidades administrativas respectivas y no queden en la impunidad.
La CEDH observa con preocupación que a pesar de las capacitaciones que se han brindado a los cuerpos de seguridad, sigue siendo de las autoridades que mayor número de quejas registra ante este organismo por violaciones a los derechos humanos.
En ese sentido se exhorta al Estado para que se profesionalice a los servidores públicos que tienen en sus manos la seguridad de los ciudadanos, pero también para que se sancione conforme a la ley a quienes no cumplan con esta obligación.