Grave que en estos momentos el Gobierno Federal concentre esfuerzos en medidas persecutorias contra sus opositores políticos
Morelia Michoacán a 6 de mayo de 2020.-La intención de regular las redes sociales para controlar la discusión pública que en ellas se desarrolla, evidencia la naturaleza censora del Gobierno de la República, en momentos en que su atención debiera estar enfocada a la atención de la crisis sanitaria, subrayó el diputado Antonio Soto Sánchez, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en la LXXIV Legislatura del Congreso del Estado.
El legislador hizo mención que la condición de paranoia de quien ocupa la titularidad del Ejecutivo Federal, va escalando y descobijando su carácter más oscuro, lo que puede costar para el país graves retrocesos en los avances de su democracia.
Consideró grave que en estos momentos el Gobierno Federal concentre esfuerzos en medidas persecutorias contra sus opositores políticos, producto de la ira e incomodidad que produce el debate público, en particular todo aquello relacionado con el desaseo federal para accionar durante la crisis sanitaria en la que nos encontramos.
Refirió que el planteamiento de exigir al Instituto Nacional Electoral que se auditen las cuentas de los partidos políticos, para conocer si estos invierten en redes sociales, evidencia la desesperación del Gobierno Federal por la opinión pública sobre su desempeño en esta crisis sanitaria no le es favorable.
“El Gobierno Federal olvida o deja patente su desconocimiento de nuestro marco normativo electoral, pues ésta ya prevé procesos de fiscalización claros y rigurosos por parte del INE a a los partidos políticos y la manera en que éstos ejercen sus recursos. Este trabajo lo realiza de manera permanente la autoridad electoral por mandato de Ley y no porque el grito desesperado de un gobernante lo obligue a actuar”.
Apuntó que la intentona censora que el Gobierno Federal busca cristalizar para acallar las redes sociales, se suma a la postura de condena y acallamiento que se aplica como regla en esta administración, para voces críticas y no favorables, en donde medios de comunicación de enorme prestigio, periodistas, analistas, especialistas y figuras políticas han sido expuestos a campañas de odio por incomodar al titular del Ejecutivo.