Refirió que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan un total de 860 feminicidios en el país durante el 2020
Morelia Michoacán a 29 de diciembre de 2020.- Además de la crisis generada debido a la pandemia por el Covid-19, otro de los funestos saldos que deja 2020 para México es el incremento de la violencia feminicida, en donde el Estado Mexicano acumula una deuda histórica con las mujeres que han perdido la vida por la falta de acción de sus autoridades, subrayó la diputada Lucila Martínez Manríquez, presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y de Género en la LXXIV Legislatura de Congreso del Estado.
La legisladora refirió que los datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reportan un total de 860 feminicidios en el país durante el 2020, situación alarmante no sólo en número, sino también por la manera en que ha escalado el grado de horror en la forma en que son asesinadas las mujeres en México.
“Sin duda el 2020 será un año recordado no solo por la funesta llegada del Covid-19 a nuestras vidas, sino también por la manera en que éste ahondó otros problemas lacerantes que ya se vivían en nuestro país y que cobraron de manera paralela cientos de víctimas”.
Condenó que el Gobierno Federal haya decidido dar la vuelta para no ver ni escuchar las voces de cientos de mujeres que mueren en el país a causa de una violencia que él mismo fomenta, esto al reducir los presupuestos y recursos a los programas de atención y protección de las mujeres víctimas de violencia, o de aquellas para fomentar una cultura de respeto a los derechos de las mujeres en todo el país.
Subrayó que el rechazo evidenciado por la federación hacia los temas vinculados con los derechos de las mujeres y su protección ha impedido garantizar el acceso a la procuración e impartición de justicia con perspectiva de género con la finalidad de hacer realidad el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia.
Lucila Martínez recalcó que hoy más que nunca se debe garantizar a las mujeres el derecho de acceso a la justicia mediante el diseño e implementación de protocolos de actuación por parte de las autoridades de seguridad pública, así como de procuración y administración de justicia, para erradicar el grave flagelo de los feminicidios y de la violencia.