Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacán a 1 de mayo de 2025.— En el marco del Primer Parlamento de Liderazgo Ambiental, la Doctora Rocío Espinosa Sierra, presidenta del Comité Municipal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Puruándiro, tuvo una destacada participación al proponer una adición al Artículo 90 de la Ley Ambiental del Estado de Michoacán.
La propuesta, que fue bien recibida por los asistentes al parlamento, establece una nueva fracción que busca proteger las represas y embalses del estado. De acuerdo con la iniciativa presentada por Espinosa Sierra, una vez que estos cuerpos de agua alcancen el 30% de su capacidad, no podrán ser utilizados para actividades agrícolas, industriales u otras que no sean de suma urgencia. Esto con el objetivo de garantizar el acceso al agua para la fauna silvestre, el ganado doméstico y para fomentar la creación de hábitats saludables que propicien la reproducción de peces y el autoconsumo en comunidades de alta marginación.
El texto adicionado a la legislación quedó de la siguiente manera:
“Para la preservación, aseguramiento y protección de las represas y embalses, al llegar al 30% de su capacidad de agua, dicha reserva no podrá ser usada para actividades agrícolas, industriales u otra índole que no sea de suma urgencia.”
Esta nueva fracción V del Artículo 90 refleja una visión ambiental integral que reconoce la necesidad de equilibrar el uso de los recursos hídricos con la conservación ecológica y el bienestar social, en especial en regiones vulnerables.
Durante el evento, la doctora Espinosa estuvo acompañada por integrantes de la Brigada “Puruándiro Siempre Verde”, quienes manifestaron su respaldo total a la iniciativa, así como por el secretario estatal del PVEM, Fernando Chagolla. Ambos celebraron la contribución legislativa impulsada desde el municipio y destacaron la importancia de que liderazgos locales participen activamente en la construcción de políticas públicas con enfoque ambiental.
La propuesta de Rocío Espinosa Sierra es un paso firme hacia una legislación más responsable con el entorno natural y sensible ante las necesidades de las comunidades más desfavorecidas del estado.