Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacán a 23 de enero de 2026.- El Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo una reunión de trabajo con el magistrado presidente del Poder Judicial del Estado, Hugo Gama Coria, así como con integrantes del Órgano de Administración del Poder Judicial, con el objetivo de avanzar en la gestión e implementación de capacitaciones conjuntas en materia penal.
Durante el encuentro, ambas instituciones coincidieron en la necesidad de reforzar la formación continua y especializada de los servidores públicos encargados de procurar y administrar justicia, como un eje fundamental para garantizar la correcta aplicación del marco legal, el respeto irrestricto al debido proceso y la consolidación del Estado de Derecho en Michoacán.
El Fiscal General, Carlos Torres Piña, subrayó que la coordinación interinstitucional es clave para enfrentar los retos actuales del sistema de justicia penal, al tiempo que permite homologar criterios, fortalecer las capacidades técnicas del personal y mejorar la atención a las víctimas. Destacó que la capacitación permanente contribuye a elevar la calidad de las investigaciones y de las resoluciones judiciales, generando mayor confianza ciudadana en las instituciones.
Por su parte, el magistrado presidente Hugo Gama Coria refrendó la disposición del Poder Judicial para trabajar de manera conjunta con la Fiscalía General del Estado, impulsando esquemas de capacitación que permitan una actuación más eficiente, profesional y apegada a la legalidad por parte de jueces, magistrados, ministerios públicos y demás operadores del sistema penal.
En la reunión se abordaron líneas de acción para el diseño de programas de capacitación enfocados en temas prioritarios del ámbito penal, así como mecanismos de colaboración que fortalezcan el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre ambas instancias.
Finalmente, los participantes reiteraron su compromiso de mantener un trabajo coordinado y permanente, convencidos de que la capacitación conjunta y la cooperación institucional son herramientas indispensables para mejorar la impartición de justicia, garantizar los derechos humanos y consolidar un sistema judicial más sólido y eficaz en beneficio de las y los michoacanos.