Estancado, caso de periodista y jornaleros baleados por policías, en Caltzontzin

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Titular de la SSP negó que los hechos sean violatorios de Derechos Humanos

Uruapan Michoacán a 3 de septiembre de 2020.- A cinco meses de la agresión a balazos en contra de la periodista Lucero Díaz Estrada y tres cortadores de aguacate por parte de elementos de la Policía Michoacán, el caso sigue estancado en la Fiscalía Regional, en tanto, el Secretario de Seguridad Pública Municipal, Raúl Malpica García, negó rotundamente que los hechos sean violatorios de los Derechos Humanos e incluso, aseguró que fueron civiles los que detonaron armas de fuego durante la manifestación.
Al dar contestación a un oficio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), dentro del expediente URU/103/2020 que dio origen a la queja iniciada de oficio y derivada de diferentes notas periodísticas al respecto, el funcionado relató que el primero de abril del año en curso, varios los jornaleros bloqueaban parcialmente el Boulevard Industrial, en el acceso a la comunidad de Caltzontzin, donde solicitaban de dinero a los automovilistas de manera agresiva para poder pasar, por lo que a bordo de varias unidades acudieron al sitio.

Añadió que los uniformados solicitaron a los jornaleros que se retiraran, pero éstos se negaron y los agredieron verbalmente, por lo que procedieron a detener a 16 personas y las trasladaron a barandilla, acusadas de alterar el orden público, pero familiares aseguraron que los uniformados realizaron varias detonaciones de arma de fuego, además de que los golpearon, pese a que había varios menores de edad.

Lo anterior derivó en el bloqueo del Boulevard Industrial por parte de los manifestantes, quienes exigieron la liberación de sus compañeros; el Director de Investigaciones de la Fiscalía Regional realizó las negociaciones y se acordó la entrega de los detenidos a cambio que liberaran la vialidad.

Malpica García, indicó que se procedió a trasladar a las personas detenidas a la comunidad de Caltzontzin a bordo de las unidades con números económicos MC-497-A1, MC-900-A1 y MA-917-A1, pero al llegar fueron agredidos por los manifestantes, quienes utilizaron palos y piedras, además de que despojaron de objetos personales y cargadores a varios elementos e intentaban apoderarse de sus armas de cargo.

En ningún momento provocaron a los manifestantes, según el funcionario policiaco, quién omitió mencionar que la agresión ocurrió debido a que se percataron de que las personas detenidas estaban golpeadas; fue en el forcejeo cuando “accidentalmente” se detonó el arma de fuego de uno de los policías y por lo menos dos civiles que se encontraban entre los manifestantes realizaron disparos de arma de fuego, lo que generó una confusión y las personas corrieron en distintas direcciones para protegerse, mientras que los policías abordaron sus unidades y se retiraron, aseguró Malpica García.

“Derivado de lo anterior no se tuvo conocimiento de que personas hubieran resultado lesionadas por los hechos atribuibles a elementos de la corporación policiaca, algunos de los cuales sufrieron lesiones contusas principalmente, además de que las patrullas también fueron dañadas”, aseveró el funcionario, quien negó rotundamente alguna violación a los Derechos Humanos y mencionó que las notas periodísticas publicadas en medios de comunicación digitales e impresos respecto a estos hechos “carecen de elementos verídicos y/o probatorios”.

El día de los hechos, varios periodistas cubrían la manifestación y documentaron el actuar poco profesional y la falta de capacitación de los uniformados, quienes realizaron disparos a “diestra y siniestra” al sentirse acorralados, hechos en los que tres jornaleros resultaron heridos de bala, al igual que la periodista, Lucero Díaz Estrada, del portal de noticias Enlace Informativo, quien aún tiene alojada una esquirla en el cuerpo.
A cinco meses de este suceso, el caso extrañamente sigue estancado en la Fiscalía Regional, mientras que los uniformados presuntos responsables de la agresión trabajan normalmente.