Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacán a 17 de mayo de 2024.- El pasado 30 de abril, el diputado Víctor Zurita impugnó el acuerdo del Instituto Electoral de Michoacán (IEM) que estructuraba la lista de candidatos plurinominales a las diputaciones locales. Este hecho marca el inicio de un escándalo que pone en tela de juicio la integridad del proceso electoral y la imparcialidad del Tribunal Electoral.
En su impugnación, Zurita señaló que el candidato designado bajo la acción afirmativa migrante no cumplía con el requisito de doble residencia, tal como lo establecen los lineamientos del IEM.
Dicha condición es lógicamente imposible de cumplir para alguien que desempeña el cargo de director de adquisiciones, quien difícilmente podría vivir simultáneamente en el extranjero y en México.
Este hecho evidencia una clara violación a las normas electorales que garantizan la representación adecuada de los migrantes.
Además, la impugnación incluía a Julieta García Cepeda, registrada como candidata con discapacidad. Zurita argumentó que su condición no se puede catalogar como una discapacidad según los parámetros establecidos.
A pesar de que se presentaron elementos suficientes al tribunal para explicar la definición de discapacidad y sus barreras, el tribunal desestimó estos argumentos y ratificó su candidatura basándose únicamente en un certificado de salubridad, ignorando una evaluación integral de su situación.
La controversia se intensificó ayer cuando Aracely Romero Hernández, persona con ceguera y Delegada Estatal para la Red Nacional para la Inclusión de Personas Ciegas y con Baja Visión, A.C., presentó un Amicus Curiae ante el Tribunal Electoral en el juicio 086/2024 promovido por Víctor Hugo Zurita. Este documento, que buscaba proporcionar una perspectiva informada y justa sobre la situación de las personas con discapacidad, fue ignorado por el tribunal.
En una sesión nocturna a las 10 de la noche, el Tribunal Electoral resolvió el expediente 086/2024 con una serie de decisiones que han generado indignación y sospechas de parcialidad.
En primer lugar, el tribunal sobreseyó de manera oficiosa el juicio de impugnación respecto a la candidatura migrante, argumentando que Zurita no tenía interés jurídico en el tema migrante, sin analizar la legalidad y representatividad del candidato impuesto por Morena.
Respecto a la candidatura de Julieta García Cepeda, el tribunal se limitó a confirmar que había cumplido con los requisitos formales, sin tomar en cuenta las pruebas presentadas que cuestionaban la naturaleza de su discapacidad. Este fallo muestra una falta de rigurosidad y compromiso con la justicia electoral.
La omisión del tribunal de considerar el Amicus Curiae presentado por Romero Hernández agrava aún más la situación, evidenciando una discriminación de facto hacia las personas con discapacidad.
Este documento tenía la finalidad de apoyar al tribunal en la toma de una decisión que reflejara la realidad social, económica e histórica de las personas con discapacidad, garantizando sus derechos político-electorales.
Ignorar este recurso no solo subestima su importancia, sino que también muestra una clara falta de sensibilidad y respeto hacia una comunidad históricamente marginada.
Este escándalo pone en relieve las deficiencias y posibles parcialidades en el sistema electoral, llamando a una revisión urgente de los procedimientos y decisiones del Tribunal Electoral para asegurar que se cumplan los principios de equidad y justicia en la representación política.