Morelia, Michoacán a 18 de mayo de 2023.- Es nuestro deber, como sociedad y como gobierno, luchar incansablemente para poner fin a la desaparición de personas y garantizar el derecho a la vida, a la seguridad y a la justicia, aseguró el secretario de Gobierno, Carlos Torres Piña.
Esto al encabezar la ceremonia de entrega de constancias del Curso de Especialización en Materia del Protocolo Homologado de Búsqueda de Personas, donde aseguró con estas y otras acciones se cumplen diversas disposiciones legales y normas, sin embargo, lo más importante es la sensibilización de las y los trabajadores de gobierno, sobre esta condición que afecta y lástima a la sociedad.
“La desaparición de personas es una realidad que debemos enfrentar con determinación y compromiso. No podemos ignorar el sentir de las y los familiares de las y los ciudadanos que están en esta condición”, complementó.
En este sentido, destacó el trabajo de la Comisión de Búsqueda de Personas para que las y los servidores públicos sepan atender a las y los familiares que sufren de este flagelo y estar capacitados para brindar una atención de calidad a la ciudadanía en cualquier rubro.
Torres Piña aseguró que de parte del Gobierno que encabeza Alfredo Ramírez Bedolla, se pondrán a disposición, todas las herramientas del estado en la tarea de buscar a quién se encuentre desaparecido, “será el único camino que nos dará la paz en nuestra entidad y en nuestro país”, concluyó.
Por su parte, el comisionado estatal de Búsqueda de Personas, José Alfredo Tapia Navarrete, indicó que a través de la institución que encabeza, se impartieron seis cursos, de diciembre del 2022 a marzo del 2023, con un total de 260 horas de capacitación a 192 funcionarios de 17 instituciones estatales y federales.
“Hoy cumplimos la demanda de la sociedad, colectivos y víctimas indirectas, de contar con personal debidamente capacitado y certificado en la materia. Con esta capacitación, nos obligamos a seguir en el mismo camino, en consecuencia, en este año, ejerceremos un presupuesto de más de un millón de pesos destinado a la actualización y a la certificación mandatada por la ley”, finalizó.