Morelia, Michoacán a 18 de septiembre de 2024 – En un acto simbólico, el Gobierno del Estado entregó este miércoles un total de 47 patrullas a diversas comunidades indígenas con autogobierno, entre ellas Arantepacua, Santiago Azajo, Santa Cruz Tanaco, La Cantera y San Ángel Zurumucapio. Sin embargo, lo que debía ser una jornada de celebración, rápidamente se transformó en un espacio para los reclamos de los líderes de los pueblos originarios, quienes señalaron el incumplimiento de varios compromisos por parte de las autoridades estatales.
Durante la entrega, los representantes de la comisión de justicia de los pueblos originarios recordaron al gobernador que, a pesar de las promesas hechas por su administración, muchos acuerdos aún no se han materializado. Héctor Bautista, de la comunidad de Sicuicho, fue uno de los principales portavoces de este malestar. Señaló directamente al gobernador que sus funcionarios no han seguido las instrucciones en cuanto a los compromisos de seguridad pactados con los pueblos indígenas.
“Le pedimos que nuevamente toque ese tema con sus encargados porque los responsables de salvaguardar nuestra seguridad son ustedes. Nosotros coadyuvamos, pero son ustedes los responsables”, reclamó Bautista. Agregó que, aunque el gobierno estatal se había comprometido a realizar rondines de seguridad, su comunidad, Sicuicho, sigue sin recibir este apoyo. “Usted da la instrucción, pero parece que sus órdenes se quedan en algún lugar del camino”, añadió con firmeza.
Además, Héctor Bautista recordó que el compromiso de establecer destacamentos permanentes de la Guardia Civil y la Guardia Nacional en las comunidades indígenas no se ha cumplido cabalmente. “Duraron poco tiempo en nuestras tierras y se fueron”, lamentó. Subrayó la necesidad urgente de contar con la presencia constante de las fuerzas de seguridad tanto estatales como federales, dado que es responsabilidad de los gobiernos proporcionar seguridad a todos los ciudadanos.
Por su parte, Claudia Toribio, de la comunidad de Jesús Díaz Tsirio, compartió su preocupación ante la amenaza creciente del crimen organizado en sus territorios. Afirmó que toda la comunidad participa activamente en la vigilancia de sus tierras, realizando rondas de seguridad durante las 24 horas del día. “Estamos dispuestos a dar la vida por la seguridad de nuestros hijos”, aseguró con determinación, al tiempo que reiteró la exigencia de que se cumplan todos los apoyos comprometidos por el Gobierno del Estado.
En un tono igualmente preocupante, Armando Carmona, de la comunidad de Donaciano Ojeda, denunció el impacto devastador del narcotráfico en los pueblos indígenas. Reveló que, debido a la creciente introducción de drogas, se han visto obligados a internar a numerosos jóvenes en centros de rehabilitación. “Nuestros jóvenes están siendo atrapados por el narcotráfico, y necesitamos más apoyo para combatir esta crisis”, enfatizó.
Frente a estos reclamos, el gobernador prometió tomar medidas inmediatas y sancionar a los funcionarios que no cumplan con las instrucciones dadas. “A cualquier funcionario lo vamos a dar de baja… no lo toleramos”, resaltó el mandatario, comprometiéndose a revisar personalmente los avances en los acuerdos con las comunidades indígenas.
El acto, que inicialmente estaba pensado como un esfuerzo del gobierno estatal para fortalecer la seguridad en los pueblos con autogobierno, terminó por evidenciar las tensiones y la desconfianza que persisten entre las comunidades y las autoridades. Mientras las patrullas entregadas representan un avance en materia de seguridad, los líderes indígenas dejaron claro que la atención gubernamental no puede limitarse a acciones puntuales, sino que se requiere un compromiso sostenido y efectivo por parte del Estado.