Morelia Michoacán a 25 de marzo de 2026.- En el contexto del debate del llamado “Plan B” en el Congreso del Estado y la incertidumbre que ha generado entre trabajadores ante posibles despidos, diputadas y diputados advirtieron la necesidad de poner atención en casos específicos que evidencian posibles irregularidades al interior del Poder Legislativo, como el de una empleada identificada como “Alicia N”.
De acuerdo con señalamientos de legisladores, este caso ha generado inconformidad entre el personal, ya que presuntamente habría recibido percepciones económicas sin cumplir con sus funciones. Indicaron que existen versiones de que “Alicia N” habría cobrado de manera simultánea en el Congreso local y en un ayuntamiento de otra entidad, lo cual resulta incompatible y debe ser esclarecido.
Asimismo, denunciaron que durante varios años no se le habría visto desempeñando labores dentro del Congreso, a pesar de continuar en la nómina. Incluso, testimonios refieren que habría permanecido fuera del país por periodos prolongados, lo que ha despertado dudas sobre la manera en que se le habrían otorgado permisos en administraciones anteriores. También se menciona que en su momento fue eximida de cumplir con controles básicos como el registro de asistencia.
Legisladores coincidieron en que, aunque se trate de personal sindicalizado, como en este caso, no se debe excluir de una revisión puntual, sobre todo ante las múltiples quejas de trabajadores que reclaman condiciones más justas y transparentes dentro de la institución.
Subrayaron que la discusión del “Plan B” no debe enfocarse únicamente en posibles recortes de personal, sino en garantizar que quienes integran la estructura del Congreso realmente cumplan con sus responsabilidades. Consideraron que no se puede hablar de ajustes sin antes atender situaciones que podrían representar abusos.
En ese sentido, apuntaron que casos como el de Alicia —quien presuntamente habría cobrado durante dos años en el Congreso mientras trabajaba en el Ayuntamiento de Playa del Carmen, Quintana Roo— deben investigarse a fondo. Añadieron que actualmente se encuentra adscrita a una diputada de Morena. También hicieron referencia a otros señalamientos, como el de “Carlos N”, registrado como asesor A, a quien solo se le ve al momento de firmar su nómina, y “Lucero N”, asesora B, quien tampoco se presenta a laborar.
Finalmente, hicieron un llamado a las instancias correspondientes para que se revisen estos casos y se determinen responsabilidades, con el objetivo de fortalecer la legalidad, la rendición de cuentas y la confianza en el servicio público.