Morelia Michoacán a 29 de diciembre de 2025.- En medio del debate nacional por la reforma electoral que será presentada a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, surgen en el ámbito local prácticas que contrastan con los principios de legalidad, ética y congruencia que se buscan fortalecer desde el ámbito federal.
Tal es el caso de Uruapan, donde el autodenominado Movimiento del Sombrero, a través de su representación en el Congreso del Estado de Michoacán, propuso como sustituta del presidente municipal a la madre de sus hijos, pese a que la Constitución mexicana establece que quienes aspiren a un cargo de elección popular no deben tener, ni haber tenido en los últimos tres años, un vínculo de matrimonio, concubinato o relación de pareja con el servidor público a sustituir.
La decisión ha generado señalamientos por nepotismo y falta de profesionalismo, al tratarse de una acción que, más allá de los vacíos legales que se intenten argumentar, contradice el espíritu de la reforma electoral y los principios de la Cuarta Transformación.
Este comportamiento resulta inevitablemente contrastante con el precedente marcado en 2021 por el profesor Raúl Morón Orozco, cuando le fue retirada de manera controvertida la candidatura al Gobierno de Michoacán. En aquel momento, el hoy senador actuó con congruencia política al facilitar la postulación de Alfredo Ramírez Bedolla, militante del mismo movimiento, pero sin vínculos familiares, evitando así convertir una candidatura en un asunto de carácter personal o patrimonial.
Cabe destacar que, incluso cuando la prohibición constitucional del nepotismo aún no estaba formalmente establecida, Morón Orozco, por convicción política y ética, rechazó la posibilidad de proponer a un familiar para sustituirlo, a pesar de contar con un hijo que lleva su mismo nombre.
Ese episodio ha sido citado como una muestra de que no todas las figuras públicas sucumben a la tentación de heredar el poder.
En Michoacán y en el país existen múltiples ejemplos que evidencian cómo algunos actores políticos siguen considerando los cargos públicos como extensiones del ámbito familiar, incurriendo en decisiones improvisadas que afectan la credibilidad de las instituciones y del servicio público.
De cara al proceso político de 2026, ese año se perfila como el momento natural para que la ciudadanía analice y contraste trayectorias, convicciones y principios de quienes aspiren a competir por el Gobierno de Michoacán. Más allá de campañas digitales y narrativas impulsadas desde redes sociales, será la historia política de cada actor la que termine imponiéndose.
Una vez más, será el pueblo quien distinga entre quienes han defendido sus causas con hechos y congruencia, y quienes han recurrido a la improvisación y al nepotismo como forma de ejercer el poder.
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Luisa Alcalde