Morelia Michoacán a 18 de junio de 2024.- El conflicto de la Guardia Civil en el estado de Michoacán continúa escalando, con nuevas tensiones y acusaciones que ponen en entredicho la gestión del coordinador del sistema penitenciario, Ignacio Mendoza. En un contexto de creciente insatisfacción y protestas por parte de los elementos policiales, Mendoza ha sido acusado de amenazar a los oficiales con represalias si se sumaban a las manifestaciones, incluyendo posibles traslados.
Ignacio Mendoza ha sido señalado por los oficiales de la Guardia Civil de lanzar amenazas directas a aquellos que mostraran apoyo a las protestas. Según los denunciantes, Mendoza habría advertido que cualquier agente que participara en las manifestaciones sería objeto de cambios de asignación. Esta táctica, según los agentes, busca desincentivar la participación y acallar las demandas legítimas de mejores condiciones laborales.
Los problemas no terminan ahí. Los agentes han denunciado que, tras la entrega de nuevos uniformes en un evento protocolario, estos fueron retirados al término de la ceremonia. Tal acción ha sido calificada por los elementos como una “cortina de humo” que intenta dar una apariencia de mejora sin cambios sustanciales. A esto se suma el uso de equipos de comunicación obsoletos, como radios caducos, que comprometen seriamente la capacidad operativa y la seguridad de los policías en servicio.
Otro aspecto crítico es la provisión de alimentos para los agentes. Según las denuncias, la comida suministrada en las instalaciones no cumple con los requerimientos nutricionales básicos. Aquellos que deseen una dieta especial o llevar su propia comida deben obtener una receta del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), un proceso que muchos consideran burocrático y poco práctico. Esta situación agrava el descontento y resalta la falta de atención a las necesidades básicas de los oficiales.
La situación en Michoacán refleja una crisis profunda en la administración de la Guardia Civil, donde las denuncias de abuso de poder y negligencia son cada vez más comunes. Las amenazas de Ignacio Mendoza y la retirada de uniformes no solo socavan la moral de los agentes, sino que también generan un ambiente de temor y desconfianza. La falta de equipos adecuados y la alimentación deficiente son síntomas de una gestión que parece estar más enfocada en mantener las apariencias que en resolver los problemas estructurales.
Es imperativo que las autoridades estatales y federales intervengan para garantizar que los derechos de los elementos de la Guardia Civil sean respetados. La seguridad de Michoacán depende de una fuerza policial bien equipada, motivada y con condiciones laborales justas. Las denuncias actuales deben ser investigadas a fondo, y aquellos responsables de abusos deben rendir cuentas.
El estado de Michoacán enfrenta desafíos significativos en materia de seguridad, y solo mediante un apoyo decidido a sus fuerzas policiales se podrá avanzar hacia la paz y la estabilidad. Las prácticas intimidatorias y la negligencia administrativa no tienen cabida en una institución que debe ser pilar de la justicia y la protección ciudadana.