Por Roberto Carlos Guevara
Morelia Michoacán a 23 de septiembre de 2024.- En medio de la expectativa por el reciente informe de gobierno del gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedoya, emergen serias denuncias sobre prácticas de extorsión llevadas a cabo por funcionarios de su administración. A pesar de los avances presentados en el informe, la situación en algunos sectores, especialmente el aguacatero, sigue siendo preocupante.
Residentes de Tacámbaro han señalado que, lejos de celebrarse los logros del gobierno estatal, el ambiente se ha vuelto tenso debido a los constantes abusos que empresarios de la región han sufrido. De acuerdo con sus testimonios, las extorsiones no provienen únicamente del crimen organizado, sino también de funcionarios públicos.
El foco de las acusaciones recae en la Comisión Forestal del Estado de Michoacán (Cofom), dirigida por Martha Rendón. Se ha señalado que algunos de sus empleados se han aprovechado de su cargo para exigir pagos indebidos a empresarios locales, particularmente en la industria del aguacate, uno de los motores económicos más importantes de la región. Las denuncias subrayan la gravedad del asunto, ya que las extorsiones se estarían llevando a cabo bajo el amparo de la propia administración estatal.
Estas revelaciones han generado una creciente preocupación entre los habitantes de Tacámbaro, quienes temen por la estabilidad de sus negocios y por el bienestar de sus comunidades. Exigen que el gobernador Alfredo Ramírez tome cartas en el asunto y ponga fin a estas prácticas que manchan la imagen de su gobierno. Además, piden una investigación profunda que permita identificar y sancionar a los funcionarios implicados.
Este tipo de denuncias complican aún más el panorama para el gobernador, quien ha prometido una lucha frontal contra la corrupción y el crimen organizado. Sin embargo, con acusaciones que involucran directamente a miembros de su equipo, las dudas sobre la efectividad de sus políticas comienzan a aflorar.
La población y los empresarios locales coinciden en que “no hay nada que festejar” tras el reciente informe de gobierno, ya que la inseguridad y las extorsiones siguen siendo una constante en sus vidas. Las autoridades estatales tienen ahora el reto de responder con acciones concretas ante estas acusaciones y recuperar la confianza de la ciudadanía.