El Pleno de la 74 Legislatura, consideró que los hechos denunciados no representan elementos suficientes para presumir la responsabilidad de los servidores públicos
Morelia, Michoacán, a 26 de junio del 2019.- En sesión ordinaria de la 74 Legislatura, los diputados locales declararon improcedente la denuncia de juicio político presentada en contra de diversos funcionarios municipales en la entidad.
Lo anterior, como parte de los dictámenes elaborados por las Comisiones de Puntos Constitucionales y Gobernación, que luego de analizar y discutir las denuncias presentadas en contra del Síndico del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, así como de la síndico, diversos regidores y de la contralora del Ayuntamiento de Zitácuaro, consideraron la improcedencia de dichas denuncias.
Así, los diputados de ambas comisiones, determinaron en el caso del síndico del Ayuntamiento de Lázaro Cárdenas, Miguel Ángel Peraldi Sotelo, que los hechos y la documentación adjunta no es suficiente para establecer la existencia de las hipótesis de juicio político para presumir la responsabilidad del servidor público denunciado.
Relativo a la denuncia en contra de la síndico municipal, Myrna Merlos Ayllon, así como de los regidores Aldo Gabriel Argueta Martínez, Damián Mancilla García, Erika Karina Alvarado Alcántar, Patricio Contreras Marín, María Elena Medina Castro, Víctor Manuel Palomino Maya, Moisés Salazar Esquivel, Mijaíl Esquivel Jaramillo, Gloria Ruiz Orozco, Francisco Ramírez Sereno, María de la Luz Valdez Cruz, Aldo Gabriel Argueta Martínez y de la Contralora María del Carmen López Herrejón, todos del Ayuntamiento de Zitácuaro, de acuerdo a la descripción de los hechos, no se actualiza ninguno de los supuestos contemplados en el numeral 30 de la Ley de Responsabilidades y Registro Patrimonial de los Servidores Públicos del Estado y de sus municipios, puesto que su conducta no impacta de manera negativa el interés colectivo.
Con estas acciones, el Poder Legislativo refrenda su compromiso de actuar con absoluto apego a la legalidad, dando certeza a la ciudadanía de emitir juicios justos y acordes a la realidad del Estado.