Por José Cruz Delgado.
Morelia Michoacán a 25 de abril de 2017.-Detener y recluir a jóvenes en un centro que fungió como penal en Morelia sin la autorización de sus familias constituye una grave violación a los derechos humanos e incluso se podría demandar al gobierno estatal y municipal por el delito de secuestro y lo que resulte.
Lo más grave del asunto es que la policía Michoacán y la de Morelia están deteniendo a jóvenes por su apariencia sin importar que sean adictos a las drogas o no, además de aquellas personas que huelan a alcohol.
Silvano Aureoles Conejo dice que en Morelia se avanza en el combate a la violencia y la delincuencia mediante una sólida estrategia integral entre los tres niveles de gobierno y habló de las acciones que emprenden en conjunto las Secretarías de Salud y de Seguridad Pública para disminuir el índice de adicciones y atender de manera integral a la población que padece de este problema.
Manifestó que el antiguo Centro de Readaptación Social (Cereso) “Francisco J. Múgica”, que fue recientemente desalojado, fue sede del inicio de este programa de rehabilitación que tiene como propósito no sólo recuperar la salud de quienes se encuentran en dicha situación, sino también incidir en la disminución de los índices de delitos, a razón de que un gran número de conductas delictivas están relacionadas con el consumo de drogas.
En el encuentro, se explicó que quienes han sido trasladados al centro de rehabilitación son personas que fueron arrestadas por alterar el orden público o ser sorprendidas en flagrancia consumiendo algún estupefaciente.
La intención puede ser buena pero la pregunta es: ¿Contaron con la debida autorización de los familiares? ¡Claro que no!
Prueba de ello fue la manifestación que realizaron los familiares afueras de dicho centro para exigir que fueran liberados y a la vez interpusieron una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos, que de nada sirve pero al menos dejan un antecedente.
De por sí, la Policía Michoacán y la municipal tienen una fama de extorsionadores y abusivos y ahora que les dieron carta abierta ¡Imagínese!
Habrá más abusos y más extorsiones contra los jóvenes, principalmente.
Las reacciones por este abuso por parte de la autoridad no se hicieron esperar, el diputado Mario Armando Mendoza afirmó que las redadas ilegales por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, contra personas, en su mayoría jóvenes violan los derechos humanos. Ante esta situación llamó al gobierno estatal a frenar estas acciones ilegales, las cuales pertenece a regímenes dictatoriales y autoritarios.
“Por la simple apariencia de su vestir, en días pasados más de 300 jóvenes fueron detenidos en diversas colonias de Morelia, sin contar con orden de aprehensión ni estar cometiendo delito alguno, solo por su apariencia fueron llevados a la barandilla de Policía y Tránsito del Estado, luego trasladados a las instalaciones del antiguo centro de readaptación Francisco J. Múgica donde supuestamente serían integrados a un programa de rehabilitación, sin que se conozcan los protocolos de salud para este propósito”.
Armando Mendoza dijo que a los afectados fueron concedidas 20 suspensiones a través de un amparo que ordenó su libertad y las autoridades no han atendido esta resolución incurriendo en desacato. “Están violando la orden de más de 20 amparos que ya les conceden la libertad, en un verdadero atropello a la justicia y al Estado de Derecho”, afirmó el legislador y celebró la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), sin embargo reiteró que es necesario que el Gobernador del Estado, intervenga.
Claro que estas acciones ilegales por parte del gobierno estatal que encabeza Silvano Aureoles, fueron avaladas por el inútil alcalde independiente de Morelia Alfonso Martínez.
El diputado y presidente de la Comisión de Seguridad y Protección Civil en el Congreso del Estado, Wilfrido Lázaro Medina, demandó aplicar la ley con pleno respeto de los derechos humanos y se pronunció por la inmediata liberación de las más de cien personas que el gobierno del estado tiene retenidas en lo que han llamado como Centro Especializado de Prevención y Rehabilitación de las Adicciones, debido a que se presume de ilegal su estancia.
Refirió que versiones de los recluidos y de sus familiares, señalan que están en sin su consentimiento y fueron “levantados” de su barrio o cercanos a su domicilio sólo porque a juicio que quienes lo hicieron “tenían mal aspecto”. Al coincidir plenamente con la Comisión Estatal de Derechos Humanos que ya abrió un expediente sobre este tema, Wilfrido Lázaro hizo un llamado para que todos los actos de la autoridad se realicen apegados a la Ley y con pleno respeto a los derechos humanos, y que el tratamiento de quienes sufren una adicción sea apegado a los protocolos que en materia de salud existen y de acuerdo a las recomendaciones de la Organización Mundial de Salud (OMS).
“No pueden ser quienes llaman al orden y el apego a la legalidad, los mismos que, a la vez, van en contra de la misma”, aseguró al mencionar que el Centro de rehabilitación del que se habla no existe formalmente, así como tampoco hay un decreto administrativo que establezca su creación, por lo tanto no cuenta con un espacio digno para la atención de adicciones y se desconocen sus directivos, protocolos, manuales de procedimientos, organigramas, así como fuentes de financiamiento autorizadas, y la autorización de las familias o las mismas personas, para estar voluntariamente en ese lugar que apenas hace unos días era un centro penitenciario que fue desmantelado por la autoridad por la falta de condiciones dignas y de seguridad para las personas recluidas.
Subrayó que organismos nacionales e internacionales sobre psicología y adicciones, no ven como verdadera opción de recuperación la reclusión, por lo que sostuvo se debe trabajar en el proceso de prevención de adicciones de acuerdo a las normas federales de salud, y reiteró su llamado para que de inmediato todas aquellas personas que estén sin su consentimiento, ni el de sus familias recluidos en este ex centro penitenciario, sean liberados.
“Han sido privados de su libertad sin que se les haya generado un procedimiento legal que lo permita o tengan en su haber alguna orden judicial. Todo lo que sea distinto a la liberación de una instrucción judicial, deriva en una acción ilegal o en una retención ilegal o privación de la libertad, por lo que deben de ser liberados y entregados a sus familias de forma inmediata”, aseguró el legislador.