Morelia, Michoacán a 28 de mayo de 2025.- En un hecho que ha encendido las alarmas entre periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos, el Congreso de Michoacán aprobó una controvertida reforma impulsada por el gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, que amplía el delito de “apología del delito”, abriendo la puerta a la criminalización de la expresión pública.
La iniciativa, promovida desde el Ejecutivo estatal bajo el argumento de combatir el crimen organizado, pretende sancionar a quienes “glorifiquen o hagan referencia pública” a delitos, pero su redacción ambigua ha sido interpretada como una amenaza directa a la libertad de expresión. La reforma ha sido duramente criticada por su potencial uso para perseguir periodistas, artistas, activistas y ciudadanos que simplemente expresen opiniones o denuncien hechos ligados a la violencia o corrupción.
Lo que inicialmente parecía una acción de seguridad pública, ha resultado ser, para muchos, un retroceso autoritario que recuerda a prácticas de censura institucional. Organizaciones periodísticas advirtieron que la propuesta permitiría castigar con cárcel a quienes reporten o incluso mencionen públicamente temas relacionados con el crimen, si el gobierno interpreta que están “haciendo apología”.
Tras la presión de medios de comunicación, reporteros y colectivos, los legisladores intentaron contener el escándalo colocando un parche de última hora al dictamen. Sin embargo, el agregado no elimina el riesgo de arbitrariedad en su aplicación. En vez de retirar la propuesta o abrir un debate público real, optaron por modificar levemente el texto, sin atender el fondo de las preocupaciones.
Este movimiento legislativo ha sido visto por analistas como una maniobra política de Bedolla para desmovilizar la crítica y controlar el discurso público, en un estado con altos índices de violencia e impunidad. La aprobación de esta reforma ocurre, además, en un contexto donde el propio gobernador ha sido señalado por intolerancia a las voces opositoras y una creciente cerrazón al escrutinio público.
Voces del gremio periodístico advirtieron que esta reforma “abre la puerta a la censura judicial”, y podría ser utilizada contra cualquier ciudadano que exprese en redes sociales, foros públicos o medios de comunicación, opiniones incómodas para el poder.
“No es apología del delito decir la verdad”, señalaron representantes de prensa en Michoacán. “Informar, criticar, protestar, denunciar… eso no puede ni debe ser criminalizado en una democracia”.
La aprobación de esta reforma representa un grave precedente en materia de derechos humanos en Michoacán, y coloca al gobierno de Alfredo Ramírez Bedolla bajo el escrutinio nacional e internacional por su clara intención de amordazar a la sociedad civil.