Presentará iniciativa para reformar Ley de Educación del Estado
Morelia Michoacán a 28 de octubre de 2020.-Con el objetivo de atender, prevenir, detener y atender los casos de violencia de género en las instituciones educativas en Michoacán, la diputada Lucila Martínez Manríquez propone una reforma a la Ley de Educación del Estado, para que se creen unidades de género dentro de la estructura de organización de los planteles.
En ese sentido, la legisladora presentará una iniciativa ante el Pleno de la LXXIV Legislatura Local, misma que consultó y cuenta con el respaldo de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y el campus Morelia de la Universidad Nacional Autónoma de México y diversas instituciones.
La presidenta de la Comisión de Igualdad Sustantiva y Género en el Congreso del Estado resaltó que, ante las denuncias de estudiantes sobre el acoso y hostigamiento sexual por parte de profesores y alumnos, es urgente que se impulsen acciones para prevenir y castigar cualquier tipo de violencia.
Ante el panorama que se vive, refirió que como Congreso del Estado se tiene la obligación de revisar y actualizar el marco normativo, con el propósito de prevenirlas y erradicarlas; así como evitar que lleguen a constituirse en delitos de mayor gravedad como la violación o el feminicidio.
“Muchas jóvenes en recientes fechas han salido a denunciar casos de acoso en las universidades, espacios que deberían ser libres de violencia. Esta realidad ha salido a la luz gracias al activismo de los movimientos feministas y se ha visibilizado a través de las redes sociales, las manifestaciones públicas, así como con la instalación de tendederos, como medio de expresión y denuncia contra los agresores”.
Reconoció que no todas las universidades han mostrado un compromiso real con la igualdad de género ni han dado pasos decisivos para desterrar las prácticas arraigadas que perpetúan la discriminación y la violencia, por lo que es necesaria esta reforma para que todas por Ley aborden el tema de la violencia de forma integral.
“Con esta propuesta estamos planteando la implementación de protocolos y el establecimiento de mecanismos de investigación y sanciones eficaces. Es necesario atacar los factores que obstaculizan la denuncia y que orillan a las mujeres a guardar silencio. Pero, además, tales esfuerzos deben ir acompañados de políticas más amplias de prevención y capacitación que promuevan un entorno respetuoso, seguro e igualitario entre todos los miembros de las comunidades estudiantiles”.
Lucila Martínez explicó que la iniciativa que presentará establece la obligación legal para que las instituciones de educación media y superior constituyan unidades de género dentro de su estructura orgánica, como una acción eficaz para erradicar y atender los casos de acoso.
“No basta con las buenas intenciones, las universidades deben asumir plenamente la obligación que tienen, por un lado, de erradicar las prácticas violentas y discriminatorias en sus espacios, y por otro, de contribuir a que las nuevas generaciones de profesionistas que se han comprometido a formar sean capaces de vencer los prejuicios y sesgos de la sociedad sexista en la que han crecido”.
Puntualizó que las instituciones educativas tienen una responsabilidad y un papel fundamental en la construcción de una sociedad más igualitaria y libre de violencia. “Debemos exigirles que se constituyan en espacios seguros, en los que las mujeres sean verdaderamente libres de forjar su plan de vida y en los que empiece a germinar la semilla de un mundo en el que las relaciones entre hombre y mujeres se definan por la igualdad, la solidaridad, la corresponsabilidad, la reciprocidad y la no violencia”.